Casa Asia Barcelona, condenada a pagar 2,8 millones a su antiguo casero

El Tribunal Supremo ha condenado a la Casa Asia de Barcelona a pagar 2,79 millones de euros a su antiguo casero, la inmobiliaria Alting. El alto tribunal ha confirmado una sentencia de un tribunal de primera instancia que fallaba contra el consorcio económico y cultural y que le obligaba a resarcir a su antiguo arrendador por abandonar en 2013, antes del fin del contrato, el Palacio del Baró de Quadras, situado en la avenida Diagonal de la Ciudad Condal. 

Ha informado de ello el Tribunal Supremo en una nota, en la que indica que la Sala Primera de la jurisdicción civil de la máxima instancia judicial en España ha estimado el recurso de casación de Alting contra una sentencia previa de la Audiencia Provincial de Barcelona que rebajaba la cantidad adeudada al 50%. El alto tribunal ratifica ahora la penalización de 2,79 millones y, es más, condena en costas a la Casa Asia. 

Incumplimiento contractual

El litigio se remonta a 2013, cuando Casa Asia abandonó su sede en el palacete de la avenida Diagonal de Barcelona, que ocupaba desde 2005. Lo hizo por su delicada situación económica. Alting, propietaria del activo, avisó de que el contrato de arrendamiento tenía permanencia hasta 2017, pero el consorcio lo rompió cuatro años antes de la fecha de vencimiento. Ante ello, la inmobiliaria demandó al ente económico-cultural y le reclamó la penalización, además de 261.000 euros en rentas vencidas. 

En enero de 2016, un juzgado de primera instancia avaló las pretensiones de Alting y condenó al consorcio a pagar el alquiler pendiente. En enero de 2017, el juzgado número 25 de Primera Instancia volvió a resolver contra la Casa Asia y le obligó también a pagar la penalización. 

El Supremo confirma el castigo

Casa Asia, asfixiada económicamente, recurrió esta resolución a la Audiencia Provincial de Barcelona. La segunda instancia judicial consideró "excesiva" la cuantía de la cláusula de resolución anticipada del contrato de arrendamiento con Alting, por lo que la rebajó a la mitad: 1,3 millones de euros. 

La inmobiliaria no se dio por vencida y presentó recurso de casación al Tribunal Supremo. En una sentencia emitida a principios de julio de este año, el alto tribunal ha resuelto en favor de la firma del ladrillo y ha condenado al consorcio a resarcir a su antiguo casero. Argumenta la última instancia judicial que ambas partes firmaron el contrato de forma libre, que no rige la cláusula de fuerza mayor y que no son de aplicación las cláusulas de protección de los inquilinos que son personas físicas, pues Casa Asia es una entidad privada. 

¿Cómo pagará Casa Asia?

Con este fallo, se impone la pregunta de cómo abonará la penalización la Casa Asia, pues su tesorería presenta un delicado estado. No en vano, el consorcio se encuentra en estos momentos en un espacio cedido en la sede de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el distrito 22@ de Barcelona. 

Recientemente y cuando Arancha González Laya era aún ministra de Exteriores, las tres administraciones implicadas en el consorcio, Gobierno, Generalitat de Cataluña y Ayuntamiento de Barcelona, anunciaron una nueva sede para la entidad cultural: unas dependencias del Palacio Real de Pedralbes. Fue una operación cerrada entre ayuntamiento y Gobierno a la que la Generalitat asistió como convidado de piedra. 

Fin al periplo

La nueva sede de Casa Asia debe poner fin al periplo que ha hecho la plataforma cultural, económica y diplomática. Tras abandonar el palacete de al avenida Diagonal, la entidad recaló en el recinto del antiguo Hospital de Sant Pau i la Santa Creu. No obstante, también acabó desahuciada por impago de alquiler. Ya ha alcanzado un acuerdo con la Muy Ilustre Administración (MIA), que gestiona el complejo modernista, para repagar su deuda. 

Quedaba pendiente la penalización que pedía Alting. Y el Tribunal Supremo la ha confirmado. Con ello, la Casa Asia de Barcelona se encuentra de nuevo en una precaria situación, pues dispone de sede nueva, pero no de fondos para pagar la sanción que el alto tribunal ha dado como válida.