La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero (izq.), con la vicepresidenta cuarta y titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, enfrente / EP

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero (izq.), con la vicepresidenta cuarta y titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, enfrente / EP

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Guerra sin cuartel en la Moncloa contra Hacienda por el IVA de la luz

La facción de Unidas Podemos presiona para bajar el impuesto y abaratar el recibo, pero el ministerio lo ve incompatible con cuadrar los presupuestos debido a unos fondos UE menores de lo previsto

21 junio, 2021 00:00

La histórica subida de los precios eléctricos y su correspondiente traslación al recibo para cerca de la mitad de los consumidores ha generado un nuevo incendio en el Consejo de Ministros. La posible rebaja del IVA de la factura para generar un efecto menguante inmediato, defendida principalmente por los representantes de Unidas Podemos, cuenta con el frontal rechazo del Ministerio de Hacienda, que ve como día a día se le complica la ya de por sí compleja tarea de cuadrar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Una labor que a la ministra María Jesús Montero, también portavoz del Ejecutivo, se la ha puesto aún más cuesta arriba después de conocerse que la cantidad máxima que recibirá España de los ansiados fondos europeos en 2021 será de 19.000 millones de euros; una cifra que supone casi un 30% menos de lo que se incluyó en el cálculo de las cuentas públicas aprobadas por el Congreso de los Diputados en los últimos días del pasado ejercicio.

Oposición radical

De entrada, para hacer buenos los PGE con mayor gasto público de la historia también se precisa alcanzar una inédita cifra de recaudación, por encima de los 221.000 millones de euros; un reto que se convierte directamente en una quimera si, además, se lleva a cabo un recorte notable en la partida del IVA, una de las dos figuras impositivas básicas junto con el IRPF.

Así al menos lo ha trasladado Montero al entorno del presidente, Pedro Sánchez, mientras arrecian las voces en torno a una rebaja fiscal en el ámbito de la electricidad. En realidad, fue la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, la primera que admitió la posibilidad de revisar la fiscalidad, eso sí, de forma temporal, para evitar que las alzas del recibo generen incluso una alarma social este verano, como consecuencia de un previsible incremento adicional de los precios por mor de una mayor demanda.

Ofensiva de Unidas Podemos

Ribera mencionó en concreto la posible suspensión durante un tiempo del impuesto que grava con un 7% la generación eléctrica y que las compañías trasladan al recibo, una medida ya ejecutada en el pasado reciente y que se mostró efectiva aunque, por entonces, las tensiones en el mercado eléctrico no eran tan elevadas.

Sin embargo, en las últimas horas los ministros de Unidas Podemos, con el titular de Consumo, Alberto Garzón, a la cabeza, han puesto encima de la mesa una decidida ofensiva para atajar el problema de golpe, con la aplicación de un IVA reducido al recibo a la luz (que pasaría del 21% actual al 10%).

Una partida fundamental

Las medidas también incluirían la aprobación directamente por decreto del fin de las retribuciones a la generación nuclear e hidroeléctrica (los llamados “beneficios caídos del cielo”), que el Gobierno ha empezado a tramitar, pero por vía ordinaria. E incluso, a algo más largo plazo, la creación de una compañía eléctrica pública, viejo anhelo de la formación morada, que fue defendido en multitud de ocasiones por su exlíder Pablo Iglesias y que figuraba de forma recurrente en sus programas electorales.

Pero Montero ya se ha encargado de alzar la voz para poner de manifiesto que las cuentas no le salen de ninguna manera. Los ingresos del Estado por los impuestos relacionados con el sector eléctrico no constituyen precisamente una partida menor. El montante se aproxima a los 9.000 millones anuales, con lo que un recorte significativo de aquí a final de año supondría una merma de ingresos que sería complicada de compensar por otro lado.

El falso veto de Bruselas

En principio, la rebaja del IVA no figura entre las preferencias de la vicepresidenta Ribera aunque no sería una medida que viera con malos ojos si, llegado a un punto, no remitieran las subidas en los precios de la electricidad; pero la que es inflexible es la postura de Montero: de ningún modo aceptará una rebaja del IVA en el recibo eléctrico.

De hecho, la también ministra portavoz mostró públicamente su oposición a una medida como esta meses atrás, incluso con el argumento de un supuesto veto por parte de la Comisión Europea que no se corresponde con la realidad. Montero precisó posteriormente que Bruselas había advertido en ocasiones anteriores a España sobre el reiterado recurso del tipo de IVA reducido; en realidad, los desvelos del Gobierno comunitario se centran en que España sea capaz de obtener los ingresos necesarios para no elevar aún más el déficit público.

Sin tregua

El debate promete seguir e incluso subir de tono en las próximas semanas si, como parecen indicar las cifras del mercado de futuros de la electricidad, los precios siguen sin dar tregua.

Este escenario se suma al abierto con la llegada de los primeros fondos europeos, de los que solo están asegurados 9.000 millones, con otros 10.000 a la espera de unas reformas que siguen varadas también entre debates y luchas intestinas en el Consejo de Ministros.

Leña al fuego

Por si fuera poco, al debate también se ha sumado en las últimas horas el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, que aprovechó su discurso en la junta de accionistas de la compañía para responsabilizar directamente a la carga fiscal de la subida de los precios de la luz e incidir en la idea de que es precisamente el departamento de Hacienda el principal beneficiado de esta situación por lo que supone en cuanto a la subida de la recaudación.

Además, el ejecutivo se mostró confiado en aprovechar la tramitación de la normativa que acabará con las retribuciones citadas para “encauzar” el proceso y evitar así unas cargas para las empresas que considera injustificadas. A la encrucijada energética del Gobierno no le falta elemento alguno.