El mercado descuenta que la luz seguirá disparada hasta final de año
El precio de los futuros en el mayorista de la electricidad ha registrado alzas de entre el 50% y el 65% desde enero
11 junio, 2021 00:00El recibo de la luz seguirá provocando sofocos en los usuarios al menos hasta el cierre del presente ejercicio. Esto es lo que apuntan las cotizaciones de los contratos de futuros de la electricidad en el mercado mayorista, donde no se atisba una relajación de los precios hasta la primavera del próximo 2022. La referencia de los 80 euros por megawatio/hora será una constante incluso más allá de los temidos meses de verano.
En estos días, el mercado sigue registrando un precio medio por encima de esta cota, por tercera semana consecutiva. La situación empieza a generar incluso dudas en el seno del Gobierno, que ha visto cómo el efecto de la entrada en vigor del nuevo recibo eléctrico, con el sistema de tarificación por franjas horarias para los consumidores adscritos al mercado regulado, se ha difuminado por la espiral al alza del mercado mayorista.
Presión en el mercado
Lejos de corregirse, todo apunta a que esta tendencia ha llegado para quedarse, al menos durante los próximos meses. Los contratos de futuros mensuales marcan precios superiores a los 82 euros por Mw/hora hasta diciembre; la única excepción es la de septiembre, aunque la cifra ronda igualmente los 80 euros (más concretamente, 79,06 euros).
Algo similar ocurre con los contratos referenciados a periodos trimestrales, que reflejan una presión similar hasta el segundo trimestre de 2022, cuando los precios muestran una cierta relajación y se sitúan en el entorno de 72 euros por Mw/hora.
Cambios normativos
Con esta tendencia, el principal temor se centra en los meses de verano, en los que tradicionalmente se registra un repunte en el alza de los precios debido al incremento de demanda derivado de los usos de sistemas de refrigeración y aire acondicionado, que son especialmente intensivos en consumo de electricidad.
El comportamiento del mercado y su correlato en el recibo han generado una cierta alarma social que el Gobierno ha querido frenar con el inicio de la tramitación de un cambio normativo que recorte las retribuciones percibidas hasta ahora por las compañías por la generación con determinadas tecnologías tradicionales, en concreto la nuclear y la hidroeléctrica.
Trámite lento
El fin de los denominados “beneficios caídos del cielo”, cuya existencia niegan las compañías del sector, contribuiría a una rebaja del recibo en el entorno del 13%, según aseguró la pasada semana la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
No obstante, la modificación no llegará en este caso de forma inmediata, ya que el Consejo de Ministros ha optado en este caso por la tramitación ordinaria, ante las numerosas llamadas de atención por parte de la Comisión Europea por el reiterado recurso a la figura del Decreto Ley que ha ejercido el Gobierno.
Subidas del 65% desde enero
En lo que va de año, la evolución del precio de los futuros en el mercado mayorista de la electricidad ha sido meteórica. Los diversos contratos han experimentado desde enero avances de entre el 50% y el 65%, como es el caso del contrato referenciado al mes de julio.
Así, a comienzos de año su cotización se situaba cerca de 52 euros por Mw/hora, mientras que en los últimos días ha llegado a estar por encima de 86 euros.
Discrepancias en Moncloa
La situación comienza incluso a generar tensiones en el seno del Gobierno. En las últimas horas, la facción de Unidas Podemos ha deslizado la propuesta de modificar el diseño de las franjas horarias para incluir en la zona valle un horario de más amplio consumo, como el de las 22 horas, cuando el nuevo sistema apenas lleva en vigor diez días.
Un movimiento que ha sido interpretado en el mercado como una forma de poner en duda la metodología aprobada por el propio Ejecutivo, del que la formación morada forma parte.
¿Una eléctrica pública?
También desde este partido se ha insistido en la idea de crear una empresa pública de electricidad como medida para paliar esta situación. Algo cuya eficacia está en entredicho, como se ha encargado de demostrar la iniciativa puesta en marcha en su día por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, con la fundación de una comercializadora municipal.
Además, la idea fue descartada públicamente hace tiempo por la vicepresidenta Ribera, que tuvo que volver a escuchar a inicios de esta semana voces críticas desde el sector y una expresión que hacía tiempo que no se pronunciaba dirigida a su ramo: inseguridad jurídica, al hilo del cambio normativo que ha puesto en marcha.