Enagás, Cellnex… el discreto abordaje extranjero de empresas estratégicas

Hace poco más de una semana, escasos días antes de que Enagás inaugurara la temporada de resultados trimestrales en el Ibex 35, la entidad financiera estadounidense Bank of New York Mellon afloró una participación significativa en la compañía presidida por Antonio Llardén. El inversor había superado el umbral del 3%, por primera vez en la gasista, el límite contemplado en la normativa para hacer pública la posición.

Tres movimientos en plena pandemia

Un movimiento, en principio, carente de mayor importancia, habitual en este tipo de entidades y que, como tal pasó desapercibido en el mercado. Y así lo sería si no fuera porque Bank of New York Mellon es el tercer inversor internacional que, desde que empezó la pandemia, declara una posición de este tipo en la compañía que se encarga de la gestión de los sistemas y las redes de transporte de gas en España.

El último en hacerlo antes que el banco norteamericano fue ni más ni menos que Mubadala, conglomerado de inversión controlado por el emirato de Abu Dhabi, que cuenta con una participación de control en la petrolera Cepsa.

El contrapoder de la SEPI y Ortega

Antes que ellos, fue Credit Agricole el que aterrizó como accionista de referencia, también con un paquete de poco más del 3% y, además, con la salvaguardia de ser una entidad radicada en territorio de la Unión Europea. Condición que, no obstante, no cumplen otros institucionales que llevan más tiempo en el capital como Blackrock, Bank of America o State Street, este último custodio habitual de acciones de fondos de inversión de EEUU.

Amancio Ortega, fundador de Inditex, entre los más ricos del mundo / EP

Entre éstos y otro tipo de entidades cuya participación bordea ese 3%, fuentes del mercado estiman que aproximadamente un 25% del capital de Enagás está en poder de este tipo de inversores. Frente a ellos, dos destacados accionistas españoles: el fundador y accionista mayoritario de Inditex, Amancio Ortega, y el propio Estado, que conserva un 5% del capital, como vestigio del antiguo carácter público de la empresa, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Entre los dos suman un 10%.

Polo de atracción

Otro de los casos paradigmáticos es el de Cellnex. Las sucesivas ampliaciones de capital de gran volumen que ha ejecutado para financiar su ambicioso plan de crecimiento (una inversión de más de 36.000 millones de euros desde su salida a bolsa en 2015) ha terminado por moldear una estructura de capital en la que inversores de fuera de la Unión Europea han tomado el testigo de la familia Benetton como primeros accionistas de la empresa.

Así, tras la última ampliación, valorada en 7.000 millones de euros y cubierta con éxito a finales de la pasada semana, el primer socio de Cellnex será GIC, fondo soberano de Singapur, que poco antes de la operación elevó su presencia en el capital de la compañía que dirige Tobías Martínez, consejero delegado. Como resultado de estos movimientos, la participación de GIC roza el 10%, precisamente el límite establecido por el Gobierno para un inversor no comunitario.

Una decena de accionistas 

El antes aludido emirato de Abu Dhabi también gana enteros en el capital de Cellnex, pues se trata de otro de los accionistas de referencia que ha suscrito la totalidad de derechos que la correspondían por su participación, que asciende aproximadamente a un 7%.

Tobias Martinez, consejero delegado de Cellnex, durante la junta de accionistas / CELLNEX

En el caso de Cellnex, más de una decena de inversores institucionales mantienen participaciones significativas, la mayoría de ellos procedentes de fuera de la UE como los estadounidenses Blackrock y Capital y el fondo de pensiones de Canadá.

Con retraso

En ninguna de estas situaciones puede intervenir el Gobierno, toda vez que las posiciones no superan el 10% en cada una de ellas. El blindaje institucional ha frenado no pocas intenciones en este sentido, que se hubieran materializado a buen seguro de no existir las medidas proteccionistas.

Pero además, se da la circunstancia de que la actuación por parte de los poderes públicos ya llega algo tarde. Con independencia de que finalmente IFM obtenga el visto bueno de Moncloa para entrar en el capital de Naturgy, el 40% de la energética ya está en manos de dos fondos estadounidenses.

El precedente energético

Precisamente, este tipo de vehículos de inversión también controlan buena parte de empresas del sector energético que no están en la primera línea por no ser cotizadas pero que, igualmente, cuentan con un relevante papel estratégico en su papel de distribuidoras de electricidad y gas.

El Gobierno tuvo una buen muestra de lo que esto significa en la revisión del marco tarifario que llevó a cabo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia hace algo más de dos años. Los notables recortes propuestos por el regulador pusieron en pie de guerra a las empresas mencionadas anteriormente y cuando el Ejecutivo se sentó a escuchar sus reclamaciones se encontró enfrente a grandes inversores institucionales con varias decenas de miles de millones de dólares bajo su gestión. El resultado ya es por todos conocido: los recortes fueron notablemente reducidos.