La justicia condena a Huawei por despedir a seis empleados que eran demasiado "viejos"

El juzgado de lo social nº 33 de Madrid ha obligado a Huawei a indemnizar a seis empleados a los que despidió cuando cumplieron 50 años, al considerar que dichos despidos comportan un prejuicio hacia "lo viejo" y una visión de las relaciones de trabajo propias de "tiempos de guerra".

En una sentencia de noviembre de 2020, el juez insta a la compañía de telefonía a readmitir a los trabajadores y compensarlos con 20.000 euros --excepto a uno de ellos que fue despedido antes de cumplir 50 años--. 

Argumento militar

Para justificar las extinciones, Huawei alegó que la tecnología punta desarrollada por la empresa encajaba mejor con perfiles de gente joven. Desde la dirección se argumentó que "el ejército de los Estados Unidos tiene un mecanismo de gestión de reemplazo de oficiales, de modo que si un oficial de combate se ha mantenido en una posición durante un cierto número de años, pero no ha sido promovido y no puede adaptarse a otras posiciones, sólo puede salir".

El juzgado tildó esta visión de las relaciones laborales como propia de "tiempos de guerra": "[Una visión] para las que se exigen comportamientos de inspiración militar en la búsqueda de la excelencia y el liderazgo y el apartamiento y eliminación de los mediocres".

"Prejuicio" de Huawei

Apartar trabajadores porque se parte del principio de que "lo viejo" ya no vale y debe ser necesariamente sustituido por "lo nuevo", añade la resolución, constituye un "prejuicio". Para el magistrado, la racionalidad de tal aserto no se ha demostrado por la compañía.

Además, coloca al trabajador despedido por alcanzar una determinada edad en una situación gobernada por sensaciones como "el sufrimiento, el dolor, la incertidumbre, la angustia y la ansiedad". Tan "descarnada filosofía empresarial, cuyo objetivo es la maximización del beneficio económico y del poder social del empresario", no encaja "con muchos de los valores de esta vieja Europa en que vivimos, en la que la dignidad de las personas constituye la pieza básica de nuestro ordenamiento jurídico", concluye la sentencia