Los agujeros del primer convenio laboral catalán de geriatría

Los sindicatos y patronales mayoritarios se felicitan por un acuerdo que califican de "histórico". Pero el resultado de las conversaciones tiene lagunas. El convenio excluye los centros de financiación 100% privada y aparca la equiparación salarial entre los profesionales de las residencias, centros de día y alojamientos tutelados, exceptuando la atención domiciliaria. Los firmantes son conscientes de ello, y por eso en el comunicado suscrito por UGT, CCOO, Acra, La Unió y el CAPSS se instaba a "seguir mejorando la financiación" hasta alcanzar unas "condiciones óptimas" para el colectivo.

Cobertura incompleta

En efecto, el documento solo se aplicará en aquellos centros residenciales con plazas concertadas y cuya facturación dependa de la Administración al menos en un 60%. Crónica Global ha solicitado a la Consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias el recuento pormenorizado de los equipamientos que prestan servicios para personas mayores. Según los últimos datos del Departamento, en Cataluña hay 59.935 plazas para residentes, de las cuales el 49,7% (29.797 plazas) son públicas, aun cuando la gestión sea delegada, concertada o directamente pública.

A esta cantidad deben sumarse las 9.126 plazas con prestaciones económicas vinculadas al servicio (PEV), una ayuda destinada a sufragar la plaza privada. Así, en la comunidad existen 21.012 plazas privadas y 38.923 plazas públicas (o bien mediante PEV o con financiación de la Generalitat). Dado que el modelo de gestión de las residencias combina en un mismo equipamiento plazas privadas, concertadas y públicas, se hace difícil calcular la cobertura total del convenio. Fuentes sindicales auguran que se ejecutará en cerca del 80% de entidades y empresas.

Dos ancianos se cogen de la mano en una de las residencias de Aragón / EP

Valoración sindical

Tanto UGT como CCOO son conscientes de los agujeros de la concertación, aunque se muestran satisfechos del "primer paso" para dignificar el sector. Jaume Adrover (UGT) recuerda que el pacto desbloquea un paréntesis de trece años en los cuales la patronal, desde el punto de vista sindical, ha actuado de freno.

"La parte social querría que se regulasen todas las cargas de trabajo y se completase la equiparación con los trabajadoras de la pública [Cataluña cuenta con solo 16 centros residenciales 100% públicos], que tienen un mejor convenio", afirma. También apunta que existe un marco laboral de ámbito nacional que restringe la normativa autonómica, pese a lo cual considera que en un futuro deberían explorarse todas las mejoras posibles.

"Un primer paso"

El ugetista concluye que si no se han abarcado más situaciones se debe a las reticencias de la patronal. "Las empresas no han querido", coincide Josep Maria Yagüe (CCOO). A preguntas de este medio, un portavoz de Acra ha valorado el texto como "un punto de partida". "[El acuerdo] incluye un plan de concertación, eliminación de grados de dependencia y una visión de la atención. Es una apuesta de futuro, y más cuando sabemos que uno de los poryectos europeos que se desarrollarán en Cataluña es el modelo de envejecimiento que queremos como sociedad", indica.

"El convenio se planteó para todas las residencias, pero a la hora de la negociación no ha sido posible. Igual que se tiene un convenio de sanidad para la concertada y otro para la privada, queríamos ampliar su su ámbito de aplicación y esto se tratará en la mesa. Pero para nosotros es un primer paso para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores", explica.

Escalas salariales

Desde CGT son más críticos con el desenlace de las negociaciones. Un representante cegetista tilda de "vergonzoso" el convenio ya que establece "un sistema clasista de triple escala salarial" al no fijar una cobertura universal. Además, considera insuficientes los aumentos retributivos: "Estp solo ha servido para limpiar la imagen del Departamento y de la cúpula patronal y se anunció a pocos días de las elecciones del 14-F. Los salarios netos quedan en muchos casos en unos 900 euros netos al mes. Es vergonzoso".

UGT y CCOO --únicos sindicatos con delegados en la negociación-- rebaten estas críticas y destacan no solo los aumentos salariales conseguidos (un 6% en 2021, un 3% en 2022 y un 3% en 2023), sino también la obligación de repercutir sobre los sueldos cualquier revalorización de las tarifas y precios públicos. Un cúmulo de porcentajes que, para estas organizaciones laborales, bien vale sellar un acuerdo incompleto que apunta en la buena dirección.