IFM mete presión al Gobierno con los tiempos de la opa de Naturgy

Bajo estas premisas, IFM se ha presentado a las puertas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con la documentación relativa a la oferta para su registro formal en un tiempo récord, apenas diez días después del preceptivo anuncio, que data del pasado 26 de enero.

Sin apurar plazos

La normativa del mercado de valores contempla un periodo de 30 días para formalizar la oferta a contar desde la fecha del anuncio. Al fondo australiano le han sobrado casi tres semanas completas.

Habitualmente, en estos casos los oferentes apuran los plazos dada la profusa documentación que deben incluir en el registro de la oferta pero, sobre todo, por el respaldo financiero que han de lograr a fin de asegurarla.

Casi todo bajo control

Pero el mayor obstáculo para IFM no es de índole económica. La única parte de la operación que no está bajo su absoluto control es la decisión que debe tomar el Consejo de Ministros al respecto, al tratarse Naturgy de una compañía que opera en un sector notablemente estratégico, como es el de la energía.

El movimiento de piezas acelerado de IFM pretende, precisamente, forzar a Moncloa a tomar una decisión lo antes posible. A partir de la presentación formal de la oferta a la CNMV, el supervisor dispone teóricamente de 20 días para admitirla a trámite y, posteriormente, comenzar el análisis para su aprobación definitiva.

Primero Moncloa, después la CNMV

Para este último trámite, el organismo que preside Rodrigo Buenaventura dispone teóricamente de dos meses, aunque podría dilatar la decisión en el caso de solicitar más información al oferente, lo que sucede con cierta frecuencia, especialmente en el caso de operaciones de gran volumen como ésta.

Sin embargo, en este caso la actuación de la CNMV está condicionada por la del Gobierno ya que el supervisor no podrá pronunciarse de forma oficial al respecto hasta que la operación no haya obtenido el plácet de Moncloa.

División en el Ejecutivo

De ahí, la relevancia que cobra el hecho de que los relojes se pongan en funcionamiento lo antes posible. En el seno de IFM son conscientes de la división existente en el Ejecutivo, en el que conviven dos formaciones como PSOE y Unidas Podemos que han mostrado serias y numerosas discrepancias en los apenas 13 meses que llevan en Moncloa, especialmente en lo tocante a asuntos económicos.

Pero además, el Gobierno también cuenta con el hándicap de la ausencia de precedentes cercanos a la hora de aplicar algo parecido a lo que en su día fue la “acción de oro”, esto es, un sistema de blindaje de determinadas compañías ante el interés de la inversión extranjera.

El que da primero...

Bien es cierto que el Consejo de Ministros puede disponer de seis meses para pronunciarse y que los plazos podrían alargarse sin menores problemas. Pero no lo es menos que un escenario en el que todo estuviera resuelto a la espera de su decisión final situaría al Ejecutivo en una situación complicada.

El hecho de contar con un amplio margen de maniobra desde el punto de vista financiero permite a IFM manejar también los tiempos de la operación; es lo que ha pretendido al acortar los plazos bajo la premisa de que “el que da primero, da dos veces”.