El Gobierno no ve con buenos ojos la entrada de un fondo australiano en Naturgy

El Ejecutivo de coalición no cuenta con ninguna acción de oro, pero sí que tiene poder de veto sobre cualquier cambio sustancial en el accionariado de una empresa del perfil de la energética. Puede cerrar la puerta a una operación como la planteada porque la legislación española reconoce el carácter estratégico del sector en el que opera Natrugy. De hecho, la autorización del Estado es un requisito indispensable para que se ejecute. Fuentes de la Moncloa aseguran que, en el caso de IFM, es poco probable que se obtenga este visto bueno. Al menos, según sus planes iniciales.

Recelos en el Gobierno por la opa lanzada por IFM / CG

Fondo australiano

El principal escollo es que, si prosperase, Naturgy quedaría en la práctica bajo el control de una empresa australiana con sus intereses particulares. Y no cualquier compañía, sino un fondo de inversión que busca maximizar la rentabilidad de su inversión.

El principal accionista de la energética es Criteria, el hólding inversor de la Fundación La Caixa, con el 24,8% del capital. La firma dirigida por Marcelino Armenter mantiene por ahora una indefinición frente a la operación, pero la posición de La Moncloa da alas al pesimismo de una posible venta. E IFM necesita que se diluya para alcanzar el 22,689% del capital y convertirse en el accionista de referencia. Este porcentaje es de máximos, ya se ha avanzado que el mínimo para que la opa prolifere es tomar el 17%. El Gobierno mantiene la misma posición en este escenario: frialdad.

En cuanto a los fondos de Naturgy, hay dos firmas que si unifican posiciones marcan el paso a la cotizada. Se trata de la americana GIP, que controla el 20,6% del capital, y Rioja, con otro 20,7%. Esta última es, efectivamente, un fondo, pero con participación española. Es el vehículo de inversión que comparten los londinenses de CVC y la Corporación Financiera Alba, la empresa de la familia March.

Mejorar la comunicación

Si IFM quiere que la opa sobre la energética española llegue a buen puerto deberá mejorar en su interlocución con los principales actores de la operación, remarcan las fuentes consultadas. Su intención de irrumpir por la puerta grande en la compañía pilló por sorpresa a los grupos de interés.

Los australianos se limitaron a notificar por carta sus intenciones a los inversores de referencia, señalan otras fuentes conocedoras de la operación, hecho que se considera poco oportuno.

Mensaje a los inversores

De forma paralela, el Gobierno usa esta opa para enviar un mensaje a los inversores internacionales ante el apetito que despierta la España pandémica. No va a permitir que aprovechen la caída de precios como consecuencia de la crisis del coronavirus para tomar posiciones en grandes compañías con un coste más que atractivo.

La falta de adhesión por parte de la Moncloa propicia que se dilaten los plazos de la operación con una actuación que supere el papel de mero supervisor. El Gobierno los puede dilatar con la pulcritud extrema en el proceso burocrático que se iniciará formalmente el próximo 26 de febrero, la fecha límite para que IFM registre el folleto de la opa en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Margen de maniobra constreñido

Será en ese documento en el que detalle cómo piensa tomar el 22,689% del capital. Ha avanzado la oferta económica, de 23 euros por acción. Con todo, se espera que el canje se revise a la baja con el reparto del segundo dividendo a cuenta de los resultados de 2020 por parte de Naturgy. La distribución de beneficios que la energética presidida por Francisco Reynés realiza de forma habitual en la junta general de accionistas.

Los analistas consideran que la posición del Gobierno da alas a que el fondo australiano tire la toalla. Señalan que una inversión tan voluminosa, que superaría los 5.000 millones si alcanza el objetivo máximo, no mercería la pena si el margen de maniobra de la compañía queda constreñido por las limitaciones impuestas por el Estado.