Antoni Mingorance, presidente de los farmacéuticos andaluces, con una botica / CG

Antoni Mingorance, presidente de los farmacéuticos andaluces, con una botica / CG

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Tormenta contra el presidente de los farmacéuticos andaluces

Boticarios de la región cargan contra Antonio Mingorance por pactar las subastas de medicamentos y su doble cargo en el Colegio y Bidafarma

19 diciembre, 2020 00:00

Tormenta en el sector farmacéutico andaluz por el papel del presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos (Cacof), Antonio Mingorance. Boticarios de la región estudian emprender acciones contra el directivo por pactar con la Junta de Andalucía nuevas subastas de medicamentos, método de licitación cautiva que afectaría directamente al 55% de las oficinas de farmacia. 

Así lo denuncian fuentes del sector, que han alertado de que la reinstauración de las licitaciones de fármacos por parte del bipartito de PP y Ciudadanos "provocaría la entrada en precariedad del 30% de los negocios y caídas de facturación en otro 25%". Lo que es más, los farmacéuticos pasarían a ser "dependientes de la Junta" con sueldos "más bajos que los trabajadores de supermercados o camareros". 

¿Incompatibilidad?

Desde las boticas de a pie alertan de que el equipo de Mingorance en el Consejo de Colegios "pactó las subastas con la Junta, aunque lo nieguen". Su argumento pivota sobre un documento oficial de impacto económico de la reforma, que incluía una leyenda con la frase "nivel óptimo [de reducción de precios de venta al público] para el Cacof". 

"Ese documento prueba que el Consejo de Colegios y la Junta pactaron, aunque el ente colegial lo niegue", denuncian. Hay más. En paralelo a ello, los boticarios hacen hincapié en la "posible incompatibilidad" de los cargos del directivo, que preside el Cacof y es también vicepresidente de Bidafarma, líder en distribución de fármacos en la mayor autonomía española. Los titulares de oficinas de farmacia piden "examinar si hay incompatibilidad" y si así fuera, "que Mingorance dimita". 

"Si pactan, que lo digan"

Preguntado por todas estas cuestiones, el Cacof no ha contestado a los requerimientos informativos de este medio. Sí lo ha hecho Francesc Pla, boticario, director de la revista El Farmacéutico y vicepresidente del Colegio barcelonés. Este pequeño empresario desmontó la estrategia de la Junta de Andalucía esta semana con un solo tuit. En el mensaje, Pla preguntaba por el significado del símbolo "**" que acompañaba el nivel óptimo de caída de precios en la memoria económica del nuevo sistema de subastas. 

El tuit del experto Francesc Pla alertando de un posible pacto con las subastas de medicamentos en Andalucía / CG

El tuit del experto Francesc Pla alertando de un posible pacto con las subastas de medicamentos en Andalucía / CG

Los dos astericos referían a la leyenda, en la que se revelaba que el óptimo era el nivel aceptado por el Consejo de Colegios. "No entraré a valorar si me gusta la reforma o no. Seguro que tras la misma todos los actores estarán mejor, salvo los laboratorios. Pero si pactan nuevas subastas, que lo digan", ha lamentado Pla en conversación con este medio, El farmacéutico ha insistido en que "es evidente" que las licitaciones "están pactadas, y ello se debe decir en un ejercicio de madurez, porque en el programa de gobierno, PP y Ciudadanos dijeron que las revertirían". Pla recuerda que la enmienda a los presupuestos que aprueba el sistema concitó el voto negativo de Vox --partido que apoya al bipartito de la Junta-- y el afirmativo de Adelante Andalucía. 

Ninguna autonomía más lo tiene

Con ello, Andalucía se encamina hacia la repetición del sistema de subastas de medicamentos por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS), el equivalente al CatSalut catalán. El método de selección de proveedores no está exento de polémica. Introducido por el anterior gobierno del PSOE en 2012, supone un ahorro notable para el Ejecutivo autonómico --de unos 200 millones--, pero provoca una mengua en la facturación de las farmacias

El sistema de subastas ha sido denunciado ante el Tribunal Constitucional (TC) en varias ocasiones. No obstante, el fiscalizador de control de la carta magna lo ha avalado, hasta ahora. En el proceso, ninguna autonomía más ha adoptado el sistema. Sí lo quiere exportar a nivel nacional la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también exconsejera andaluza del ramo. Fue con Montero en la cartera de Salud que Andalucía inició las subastas, y el sector teme ahora que la ministra lo implante en todo el territorio nacional.