La economía sumergida impide una recuperación rápida de la pandemia

Maneras de vivir. Era el título de una canción de Leño y que Rosendo, la voz del mítico grupo, nunca olvida en sus conciertos. Ahora es la excusa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para señalar que el aumento de contagios por el Covid se debe a la “manera de vivir Madrid de los inmigrantes”. Lo que ha aflorado, sin embargo, es la realidad de la economía sumergida, que puede impedir una recuperación rápida de la pandemia, porque, al quedar fuera del radar, tampoco se atiende a esos trabajadores ni desde la prestación económica ni desde la sanitaria.

Mirar para otro lado, como proponen algunos de los expertos consultados, significa que se les debe dejar trabajar sin buscar ahora una regularización, aunque ello supone un riesgo para todos. Se trata de un dilema social, ético y económico, de una realidad que queda en un segundo plano, por detrás de los deseos de que la economía remonte cuanto antes, y se pueda, en ese lapso, controlar la pandemia, a pesar del número de contagiados, siempre que el sistema sanitario no quede desbordado.  

La tesis de Ayuso

Díaz Ayuso ha mostrado con crudeza esa realidad con un comentario que tuvo que matizar. A su juicio el número exponencial de contagios que se produce en Madrid se debe a una “forma de vivir Madrid” de los colectivos inmigrantes. Y, ciertamente, son esos sectores los más castigados, porque viven en pisos pequeños, y en malas condiciones y trabajan sin pensar demasiado en el Covid, porque no les queda más remedio.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso / EFE

La Fundación Foessa, vinculada a Cáritas, lo ha calculado. Los trabajadores de la economía sumergida que no tienen ninguna protección social han visto reducidos sus ingresos en un 70%. Cáritas señala que la pobreza severa, que se fija con ingresos inferiores a 370 euros para una persona y de menos de 776 para dos adultos y dos menores de edad, ha aumentado en un 30% por la pandemia y ya afecta a un millón de personas en España. Para ellas se pensó el ingreso mínimo vital, aprobado por el Gobierno, que no acaba de funcionar. “Es un mecanismo necesario, pero que los propios trabajadores pueden no solicitar, porque eso sería tanto como admitir una situación de ilegalidad”, señala el sociólogo José Antonio Noguera, uno de los mayores expertos en el estudio de la renta básica, profesor en la UAB. Noguera considera que el foco debería situarse en el “empleador” más que en el trabajador y que, en todo caso, esa economía sumergida, que se calcula en un 25% del PIB, es algo inferior y no es una característica propia de España, “porque existe en muchos otros países europeos, de nuestro entorno y más abultada en los países del este”.

Debate cuando pase la tormenta

El economista Jordi Alberich, que dirige el instituto de estudios de Foment del Treball, incide en ese ingreso mínimo vital, como respuesta, pero admite que la pandemia lo cambia todo y que el debate sobre cómo reducir ese porcentaje, que otros estudios dejan en el 18% del PIB, e, incluso, en el 11% (Agencia Tributaria), se deberá plantear cuando se supere la crisis sanitaria. “Aunque en toda economía existe esa parte fuera del radar oficial, hay que tender a regularizarla, en beneficio del colectivo, del trabajador y de la sociedad”. Pero, ¿se han dado de alta en los últimos meses, en pleno confinamiento, trabajadoras domésticas o cuidadores o cuidadoras de ancianos? Siguen en la intemperie, sin que se sepa, salvo sus empleadores, qué ingresos tienen realmente.

La economía sumergida en el mundo

El economista austriaco Christian Felber, referente de la Economía del Bien Común, ha señalado a Crónica Global que el confinamiento no fue una buena idea para una gran masa de trabajadores en todo el planeta. La OIT ha calculado que 1.700 millones de personas trabajan en el sector informal. Con la reclusión social no han tenido ingresos. Y ello se puede comparar, como hace Felber, con los fallecidos en Europa por la contaminación del aire, unas 450.000 personas al año. ¿Se era consciente, entonces, de lo que podía suponer parar toda la actividad, sin pensar en esa economía sumergida?

El vendedor chino del barrio

El debate lo plantea Alberich, al incidir en el aumento de la desigualdad que puede generar la salida de la crisis del Covid. Porque los trabajadores informales pueden tener muchas más dificultades para volver a sus trabajos, sin perder en ese lapso su salud. Hay dificultad para lograr cribados masivos y ahora lo intentará la Comunidad de Madrid, forzada a una reacción que puede llegar ya tarde, con contagios exponenciales cada día. Es inasumible para un trabajador en B someterse a una prueba PCR y que dé positivo.

Lo cuenta Miguel Otero, investigador del Real Instituto Elcano, con un caso que él mismo ha vivido. Tras los informes y las estadísticas que maneja, Otero se da de bruces con su realidad más cercana: “Hablo con Juan, el chino de mi calle (Madrid). Me cuenta que no está mandando a sus tres hijos al cole. Yo le digo: “Cuidado, eso es ilegal”. Me cuenta que no puede permitirse cerrar la tienda 14 días si hay un caso en la clase. Cada dos días llama y dice que sus hijos tienen síntomas”. Es un caso particular, pero que forma parte de los mismos colectivos, de autónomos, inmigrantes, o trabajadores fuera de la economía formal. ¿Qué se puede hacer?

El economista Christian Felber, impulsor de la Economía del Bien Común / BERND HOFMEISTER

Los cálculos de Schneider

El economista Gonzalo Bernardos se refiere a los cálculos de Schneider, el catedrático de la Universidad de Linz (Austria) que ha sido el único que ha creado una metodología aceptada en todo el mundo académico para conocer el tamaño de la economía sumergida. Durante la crisis de 2008, señaló algo que ha resultado espectacular y que explica una cierta paz social en aquel momento. Entendía que la economía informal podía pasar del 18,7% al 19,5% del PIB en España, unos 210.000 millones de euros, que no iban a ser contabilizados en ninguna parte, pero que sí podían servir para dinamizar el conjunto de la economía. ¿Y ahora con una pandemia? Ese es el gran interrogante para saber cómo se saldrá de la actual crisis, al margen de los datos oficiales y de las previsiones del Banco de España o de Funcas, que hablan de un colapso del PIB para este año cercano al 14%.

Bernardos tiene claro que en ese contexto se debe, por tanto, “mirar para otro lado”, y permitir esa economía sumergida, e, incluso, facilitarla, sin pensar en nuevos confinamientos: “¿Hay que luchar contra la economía sumergida o consentirla? Mi opinión es que hay que consentirla. Muchas personas que pierdan el empleo en los próximos meses encontrarán su precario sustento en ella. Es una especie de subsidio social (se deja de recaudar impuestos) que la Administración proporciona a los más desfavorecidos sin gastarse en ello ni un solo euro”.

¿Qué pasó en 2013?

La cuestión de la paz social está en juego. Gonzalo Bernardos, profesor en la UB, insiste en que se trata de una situación excepcional: “En situaciones excepcionales, como es la presente crisis, se necesitan soluciones extremas, y una de ellas es mirar para otro lado por parte de trabajadores sociales y de la Administración si personas fuera del sistema se mantienen con trabajos en el mercado negro. No es una novedad. Siempre ha existido en España en las crisis y explica por qué con un 26,93% de desempleo en 2013 (primer trimestre) no se produjo ninguna revolución social”.

Ahora bien, como sucede con muchos otros ámbitos y como si fuera una necesidad de reformar nuestros comportamientos, todos los expertos consultados insisten en que no se pueden demorar más los problemas estructurales, y la economía sumergida en España es uno de ellos. Más inspectores y una reforma fiscal, señala Noguera; un “pacto social amplio”, propone Alberich y un plan ambicioso, según Bernardos, con la idea de que en España tampoco es un porcentaje mucho más alto que en otros países: “En cuanto la economía vuelva a la senda de la recuperación, hay que luchar más que nunca contra la economía sumergida, pero a diferencia de lo que creen muchos no es especialmente alta. La media de su participación en el PIB en la UE según Scheneider es el 18,4%, y la de España es el 18,5%. Los países de Europa del Este nos ganan por goleada”.