Ábalos desoye al sector y aleja los fondos europeos del agua y las carreteras
La estrategia que ultima Transportes dará prioridad a la movilidad urbana y la eficiencia energética en detrimento de áreas con déficits por los que el Estado ha sido ya sancionado por Bruselas
3 septiembre, 2020 00:00El Gobierno no parece dispuesto a aprovechar los fondos europeos para resolver graves déficits de infraestructuras, como es el caso de las áreas del ciclo integral del agua y también el mantenimiento de las carreteras. La estrategia que ultima el Ministerio de Transportes, que se incluirá en el plan de reformas que el Gobierno debe remitir a Bruselas en octubre, prioriza cuestiones como la movilidad urbana, la eficiencia energética en las viviendas y el desarrollo del ferrocarril en el ámbito de las ciudades.
De este modo, el Ejecutivo hace oídos sordos a una parte importante de las urgencias apuntadas desde diversas asociaciones empresariales del sector, entre las que se encuentran la patronal de grandes constructoras y concesionarias de infraestructuras Seopan y, más recientemente, la Cámara de Concesionarios de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios Públicos (Ccies), que hacían hincapié en la necesidad de emplear la inversión en el sector como palanca para la recuperación y aprovechar la circunstancia para solventar notables carencias.
Sanciones comunitarias
Ya incluso antes del estallido de la pandemia, Seopan presentó un estudio en el que se recogían las inversiones en infraestructuras que con mayor urgencia precisaba el país, con un capítulo especialmente destacado para el sector hídrico. El Estado ya acumula sanciones de la Comisión Europea por un valor superior a los 35 millones de euros debido, entre otros factores, al incumplimiento de las normativas comunitarias en materia medioambiental en cuanto al tratamiento de las aguas en más de un centenar de grandes municipios.
En el caso del plan de inversiones de carácter público-privado propuesto por la Ccies, valorado en 300.000 millones de euros, con un plazo de ejecución de entre seis y quince años, cerca de una cuarta parte del mismo (algo más de 73.000 millones) estaba relacionado con las infraestructuras relacionadas con el ciclo de agua urbano. “Una asignatura pendiente por la que España ha sido objeto de sanciones por parte de la Comisión Europea”, recordaba el organismo en julio, cuando presentó su propuesta.
Presupuesto insuficiente
Mientras, el déficit en el mantenimiento de la cada vez más extensa red de carreteras del Estado, una de las mayores de Europa, también ha sido una constante a la hora de señalar los objetivos de inversión más urgentes en materia de infraestructuras.
Cabe recordar que fue el propio ministro de Transportes, José Luis Ábalos, el que durante la anterior legislatura abrió el debate sobre un futuro sistema generalizado de pago por uso de las carreteras de alta ocupación ante la imposibilidad de que el mantenimiento fuera sufragado en su totalidad por los Presupuestos Generales del Estado.
Debate interrumpido
Sin embargo, aquel movimiento no fue más allá de la creación de una subcomisión parlamentaria que fue abruptamente interrumpida por la disolución de las Cortes y la convocatoria anticipada de elecciones en abril de 2019. Desde entonces, nunca más se supo más allá de algún globo sonda que fue convenientemente desactivado por el propio Ábalos.
La cuestión ha vuelto a estar encima de la mesa con el estudio de Seopan, que incidía en la necesidad de que España tome la senda del resto de Europa y convierta la práctica totalidad de su red de vías alta ocupación en carreteras de pago, con beneficios para las arcas públicas, también desde el ámbito fiscal, que permitieran afrontar un agujero que va en aumento cada año y que se calcula por encima de los 7.000 millones de euros.
Oportunidad histórica
Ábalos ha definido el escenario como una “oportunidad histórica”, en referencia al dinero que llegará procedente del fondo europeo negociado de forma extraordinaria como parte del Presupuesto plurianual comunitario para combatir los efectos de la pandemia.
De ahí que el sector de infraestructuras aún tenga esperanzas de que la situación se aproveche para solventar déficits que también tienen el carácter de históricos. De lo contrario, será muy difícil acabar con ellos.