Un 'think tank' reclama agilizar la devolución del IVA para aliviar a las pymes

El coronavirus ha provocado un roto en los bolsillos familiares. Como consecuencia de la pandemia, se han incrementado los retrasos y los impagos de los servicios comunes que multitud de familias tenían contratadas, con el perjuicio para la contabilidad de muchas empresas españolas.

Por ese motivo, el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada ha pedido este jueves que se agilice el procedimiento de recuperación del IVA de esas facturas impagadas.

Miles de facturas sin cobrar

El think tank señala que "en estos momentos hay millones de facturas de consumo de electricidad, telecomunicaciones, energía, agua, seguros, comunidades, vigilancia y centros de enseñanza", entre otros sectores, que no han sido abonadas.

Sólo en el sector de telecomunicaciones, la entidad resalta que hay cerca de medio millón de facturas en esa situación, mientras que las compañías eléctricas han provisionado unos 400 millones de euros para afrontar los impagos de sus clientes.

"Un proceso costoso y farragoso"

Para evitar que sociedades y autónomos tengan que adelantar el impuesto sobre servicios que aún no han cobrado, los agentes privados pueden recurrir a un procedimiento previsto por la ley pero que es "costoso, farragoso y muy dilatado en el tiempo". Además, se establece un importe máximo de 300 euros, algo que para el instituto atenta contra las pymes.

Por todo ello, el grupo de expertos subraya que hay que reformar los obstáculos para que, ante esta situación excepcional, se pueda ampliar el modelo de recuperación sin límite de cuantía y superar los procedimientos judiciales.

Aprovechar la oportunidad

Para el vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas, Jesús Sánchez Lambás, "estamos ante una oportunidad singular para reformar una cuestión que lastra gravemente a empresas y autónomos y que exige una urgente reforma por razones de justicia distributiva y de competencia".

"Hay que devolver ese dinero a las empresas que lo han adelantado antes de tres meses. La Hacienda Pública no puede ser incentivadora de la morosidad y del ahogo financiero", concluye Sánchez Lambás.