Ada Colau pierde la batalla contra las discotecas de la Vila Olímpica de Barcelona. Opium, Pachá, Shoko y Carpe Diem optan a participar en la subasta de los locales que ocupan actualmente, y de donde el partido de los comunes de la capital catalana quería echarlas.
La titularidad de los espacios en los que se encuentran estas cuatro empresas de ocio nocturno es del Estado, administración que decide qué actividad se desarrolla en ellos. La apuesta del Gobierno es que el Frente Marítimo de Barcelona continúe como espacio de uso económico --tal como adelantó Crónica Global--, en contra de las intenciones que el equipo de gobierno municipal de Colau pretendía imponer.
Sin competencias
A pesar de que el Ayuntamiento de Barcelona no tiene competencias sobre los locales de la costa donde se sitúan las discotecas, la política de BComú Gala Pin anunció a bombo y platillo que clausuraría la actividad de Opium, Pachá, Shoko y Carpe Diem --entre otros negocios que fueron tildados como "conflictivos"--. La idea era eliminar estos negocios del paseo marítimo de la ciudad y convertir la zona en un espacio de uso público. Según las palabras de la alcaldesa Colau, su plan supondría "la recuperación de la zona para la ciudadanía".
Todo giraba entorno a la finalización de la concesión del derecho de uso a los establecimientos, el 21 de junio de 2019. El día llegó, pasó y casi un año después, las discotecas del frente litoral de Barcelona siguen abiertas, con el consecuente fracaso de los comunes. ¿Por qué? Porque el Estado decidió alquilar los locales a los negocios allí emplazados hasta decidir su futuro. La prórroga se ha visto extendida hasta el 8 de septiembre, debido al coronavirus.
Opción de compra preferente
El departamento de Patrimonio de Estado --dependiente del Ministerio de Hacienda-- llevará a cabo la subasta de este espacio, en el que posiblemente se reflejen pocos cambios de titularidad ya que los actuales arrendatarios serán los principales compradores a tener en cuenta. Será "una subasta con derecho de adquisición preferente de los ocupantes", tal como confirmaron fuentes del Gobierno a este medio.