Más de la mitad de los españoles tendrá restringido el tráfico en sus ciudades

Más de la mitad de la población española deberá restringir el uso de sus vehículos particulares en las ciudades donde reside, siempre y cuando éstos funcionen con motores de combustión. Será una de las consecuencias de la futura Ley de Cambio Climático, cuyo anteproyecto fue aprobado este martes por el Consejo de Ministros a fin de que inicie el correspondiente trámite parlamentario. La normativa contempla que aquellos municipios de más de 50.000 habitantes deberán contar con una zona de bajas emisiones, al modo de las que ya están implantadas en Madrid, desde comienzos de 2019, y más recientemente en Barcelona.

En realidad, la medida afecta a un número muy reducido de localidades, concretamente a 148, que no supone ni el 2% del total de municipios registrados en España. SIn embargo, en ellos se concentra el 53% del total de los ciudadanos registrados, de modo que bien puede decirse que la medida afecta a más de medio país.

Sólo Soria y Teruel se libran

Prácticamente la totalidad de las provincias del Estado, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, contarán con, al menos, una zona de este tipo. Las únicas dos excepciones serán Soria y Teruel ya que no cuentan con municipios con más de 50.000 habitantes, ni siquiera las respectivas capitales de provincia.

El precepto pretende reducir las emisiones de gases contaminantes en los grandes núcleos de población para así contribuir a lograr uno de los objetivos marcados por el Tratado de París, con el que España está firmemente comprometida. Bajo esta premisa, el Estado debe llegar al año 2030 con un 20% menos de emisiones que las registradas en 1990. Una tarea nada sencilla si se tiene en cuenta que los últimos datos apuntan a que, en la actualidad, España emite en torno a un 17% más gases de efecto invernadero que a finales de la década de los 80 del pasado siglo.

Antes de acabar la legislatura

Además, la normativa que se debatirá a partir de ahora en las Cortes no permitirá que los ayuntamientos afectados se duerman en los laureles, ya que deberán tener listos los respectivos planeamientos de las zonas de bajas emisiones antes del año 2023, precisamente cuando concluye la actual legislatura municipal. Es decir, tendrán que ser las actuales corporaciones las que se pongan manos a la obra con esta cuestión.

La medida pretende fomentar el empleo del transporte público y del vehículo eléctrico que, como ya sucede en Madrid y Barcelona, estarán autorizados a transitar por estas zonas de bajas emisiones.

Andalucía y Madrid, las más afectadas

Por provincias, Madrid será la que albergue un mayor número de zonas de este tipo, ya que un total de 22 localidades tendrán que seguir los pasos de la capital y restringir el acceso de los vehículos con motores de combustión al centro de los respectivos núcleos urbanos. Mientras, Andalucía es la Comunidad Autónoma más afectada, con 29 municipios con más de 50.000 habitantes.

En Cataluña, un total de 22 localidades deberán implementar sus planes para cumplir con la futura Ley de Cambio Climático, de los que 18 se sitúan en la provincia de Barcelona. Completan el grupo, las otras tres capitales de provincia y la localidad tarraconense de Reus.

La Ley incorporará también uno de los aspectos que más polémica ha despertado cuando se estaba tramitando el texto del anteproyecto: la prohibición a partir de 2040 de vender coches con motores de combustión, independientemente de si utilizan gasolina o diésel como combustible.