La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) ha abierto investigación a las empresas del presunto cártel del Aerobús y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). El ente anticorrupción está realizando pesquisas para verificar si la institución que preside Ada Colau incurrió en un conflicto de interés con el concurso de 89 millones de euros. El expediente está ahora en fase de análisis y valoración.
Así lo ha explicado una portavoz de Antifraude. La fuente oficial ha admitido que la OAC recibió el caso y que ha pedido documentación a las partes implicadas. Las pesquisas se encontrarían en su fase inicial, aunque ya han sido admitidas a trámite, por bien que Antifraude no es una instancia judicial. En este punto, los analistas del organismo independiente que dirige el exjuez Miguel Ángel Gimeno tratan de cerciorarse de la "verosimilitud" de las acusaciones de presunto conflicto de interés. Ésta fue remitida por la Autoridad Catalana de la Competencia (Acco) en noviembre de 2018 [ver aquí comunicado de la Acco]
Cinco escenarios
El inicio de la investigación de Antifraude a la AMB no presupone culpabilidad. Serán los técnicos de la OAC los que tendrán que aseverar si hay mimbres para concluir que el Área Metropolitana incurrió en mala praxis. De hecho, las pesquisas de la Oficina del exjuex Gimeno pueden acabar de cuatro maneras, según ha explicado una portavoz. Si no hay verosimilitud en la fase de análisis, el caso se archivará. Si la hubiera, Antifraude dará el pistoletazo de salida a la fase de investigación.
El Aerobús de Barcelona, cuya UTE actual, SGMT, ha renunciado a gestionar el servicio al estar investigada por, presuntamente, montar un cártel / CG
Estas averiguaciones pueden acabar, también, con el archivo del caso si no se hallaran indicios más allá de la duda razonable de mala práctica de las administraciones. De lo contrario, el expediente puede desembocar en un informe razonado que aflore irregularidades de una institución o una batería de recomendaciones para mejorar la gestión pública. En ambos casos el ente contra la corrupción puede emitir nota de prensa o incluir sus conclusiones en su memoria anual. Si detectara indicios delictivos, Antifraude enviará el dosier de la actuación del AMB con el Aerobús al juez o a la Fiscalía.
El AMB era juez y parte
Cualesquiera que fueren las conclusiones de Antifraude, la investigación por presunta mala práctica ya ha mancillado la reputación de una institución pública. Ello es así porque el AMB, en el que unen esfuerzos de Barcelona y otros 35 municipios de su conurbación actuó, cree Competencia, como juez de un concurso público que beneficiaba a unas de sus participadas: Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). El grupo de capital 100% público es parte de la unión temporal de empresas (UTE) que gestiona el Aerobús en la actualidad: Serveis Generals de Mobilitat i Transport (SGMT). Como socios tiene a la transportista independentista Moventia y a Tusgsal. El trío de empresas, sospecha Competencia, creó un cártel para alterar el nuevo concurso y retener el contrato por 89 millones a seis años. Ello desplazaba al grupo gallego Monbus, que también optaba a cazar el lucrativo servicio. La investigación por presunto cártel (o colusión, en el argot especializado) ya ha pasado la fase de instrucción y se espera una resolución en las próximas semanas. Además, Competencia la ha ampliado hasta el concurso de 2008.
Miquel Martí Escursell, presidente de Moventia y jefe del consejo de administración de SGMT, empresa del Aerobús / CG
¿Quiénes son las caras de esta crisis mayúscula? Carles Fàbregas, director general de grupo Tusgsal y consejero delegado de SGMT, amén de Enric Cañas, exdirector general de TMB colocado a dedo por Ada Colau y, también, miembro del gobierno corporativo de la firma del Aerobús. Y la cúpula de Moventia. Empezando por Miquel Martí Escursell, presidente de la transportista independentista, del consejo de la UTE del Aerobús y expresidente de la patronal nacionalista FemCat. Continuando por su hermano Josep Maria, consejero delegado de Moventia y miembro del consejo de SGMT. Y Juan Alejandro Giménez Mariné, director general de Moventis, filial del grupo de transporte colectivo con sede en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), y CEO mancomunado de la enseña del Aerobús, según el Registro Mercantil.
Esta información se ha elaborado sin las versiones de Moventia y SGMT, que no han querido aportar su versión de los hechos.