Emerita, la minera expulsada de tres Comunidades Autónomas que bloquea la histórica Aznalcóllar

Cuando la Junta de Andalucía adjudicó en 2015 la explotación de la mina de Aznalcóllar a Minera Los Frailes, lo que suponía el renacer del yacimiento tras el desastre ecológico de finales del pasado siglo, nunca imaginó que este proyecto iba a tener tantos tropiezos ante la justicia.

La sociedad canadiense Emerita Resources, que también aspiraba a hacerse con el contrato, decidió acudir a los tribunales para recurrir la decisión del Gobierno andaluz y, desde entonces, el caso acumula dos archivos y otras tantas reaperturas (la última a cargo de la jueza Alaya, célebre por instruir el caso de los ERE de Andalucía). Lo más llamativo del caso es que Emerita es una vieja conocida por otras latitudes de España y no precisamente por conductas ejemplares.

Sin zinc en Cantabria

En concreto, tres Comunidades Autónomas, Cantabria, Asturias y Extremadura, conocen bien las andanzas de la sociedad canadiense. En todas ellas, Emerita logró hacerse con contratos de explotación de yacimientos mineros similares al que aspiraba en Aznalcóllar. Y todos ellos han terminado por ser revocados debido a los sucesivos incumplimientos por parte de la adjudicataria.

Así, el Gobierno de Cantabria decidió a comienzos del mes de febrero volver a sacar a concurso el derecho para explorar la mina de Reocín, con el fin de averiguar si en sus cuadrículas hay zinc. El anterior contrato había sido adjudicado a Emerita Resources que, en vano, había solicitado una prórroga. El motivo del Ejecutivo regional para negársela fue que los compromisos adquiridos por la sociedad canadiense se habían quedado en papel mojado.

En concreto, la oferta presentada por Emerita incluía una inversión de 17 millones de euros para realizar un total de 125 sondeos. Pero en realidad, tan sólo llevó a cabo seis de ellos, en los que invirtió poco más de un millón de euros.

El oro de Extremadura

Algo similar ocurrió en Extremadura. La compañía se hizo con permisos de investigación en yacimientos situados en las localidades de Casas de Don Pedro y Talarrubias para la búsqueda de recursos mineros, en especial, oro.

Tras varias prórrogas, el Gobierno regional puso recientemente fin a esta aventura después de comprobar que Emerita se había limitado a realizar actuaciones especulativas que nada tenían que ver con la explotación de minerales y la creación de puestos de trabajo que se reflejaban en la documentación aportada para obtener los preceptivos permisos.

Un misterioso banco de inversión

En el caso cántabro, se da además la circunstancia de que la entidad que realmente obtuvo los permisos fue un banco privado de inversión denominado Forbes & Manhattan, que posteriormente los cedió a Emerita. En la documentación que la sociedad canadiense presentaba para este tipo de permisos se incluía el dato de que la entidad financiera contaba con una participación mayoritaria en el capital, concretamente del 66%, lo que, en principio, aseguraba su solvencia. Así aparecía reflejado en la oferta presentada para realizar sondeos en busca de zinc.

Sin embargo, los datos que aparecen en la base en la que las compañías cotizadas en la Bolsa de Toronto facilitan este tipo de información dicen que, aunque la participación de Forbes & Manhattan en Emerita ha sufrido variaciones a lo largo de los últimos años, en ningún caso ha superado la cifra del 13%. Una circunstancia que bien podría explicar los problemas financieros de Emerita a la hora de costear las explotaciones y que, finalmente, acababan con la paciencia de la Administración española.

Además, con estos contratos aún en vigor, Emerita tuvo que recurrir a préstamos con elevados intereses y a operaciones de ampliación de capital (que quedaron incompletas), lo que pondría en duda que realmente contara con ese apoyo financiero del banco de inversión que decía tener.

Una fianza sin pagar

En este sentido, el caso de Asturias fue el más significativo. Los recelos del Gobierno local ante el proyecto presentado por Emerita, que aspiraba por entonces a su vez al contrato de Aznalcóllar, hizo que reclamara a la empresa una fianza sobre el 10% de las inversiones comprometidas, que en el primer año sumaban 150.000 euros. Las sospechas se confirmaron del todo cuando la empresa que solicitó los permisos para las exploraciones en el concejo asturiano de Nava pidió una prórroga para poder sufragar los apenas 15.000 euros requeridos por Asturias.

En paralelo, Emerita había presentado ya su oferta por la explotación de Aznalcóllar, que contemplaba una cifra de inversión inicial de 235 millones de euros que, posteriormente, fue modificando hasta superar los 600 millones. Sin embargo, no alcanzaba a pagar la fianza exigida por el Principado, que suponía el 0,006% de la inversión que prometían en Sevilla.

Dos archivos

Un historial que no ha impedido a Emerita bloquear el proyecto de Sevilla, que la Junta de Andalucía se empeña en recuperar, especialmente por la situación de los municipios de la cornisa norte de la provincia, castigados en las últimas décadas por el desempleo y para los que el desastre ecológico causado por la minera sueca Boliden en 1998 supuso la puntilla casi definitiva.

Pese a que el Juzgado número 3 de Sevilla, a cuyo frente está la jueza Patricia Fernández, ha archivado dos veces la denuncia de Emerita contra la adjudicación a Minera Los Frailes (controlada por inversores mexicanos), con el apoyo de la Fiscalía, la causa ha vuelto a ser reabierta.

En los últimos días, la jueza Alaya ha desestimado la petición del cierre de la mina realizada conjuntamente por la empresa canadiense y la asociación Ecologistas en Acción. Pero la causa por las supuestas irregularidades, nunca probadas, de la Junta a la hora de adjudicar el proyecto no parece tener fin y Emerita tampoco parece tener problema alguno en conseguir que se reabra… pese a su pintoresco historial.