Colau embiste a Airbnb para tapar sus fallos en vivienda y turismo

El equipo de gobierno municipal de Ada Colau se queda sin oxígeno en su batalla contra el turismo descontrolado y la vivienda asequible. El ejecutivo local insultó y anunció ayer multas contra Airbnb, Booking y Homeaway para tapar que está perdiendo la guerra contra el alquiler vacacional ilegal y la proliferación de hoteles en la ciudad. Como mínimo, así es como lo interpreta el sector.

Lo verbaliza, por ejemplo, Marc Pertíñez, fundador del despacho de abogados Pertíñez Romagosa y especializado en pleitos sobre pisos turísticos. "El anuncio de multas contra las plataformas puede responder a propaganda más que a otra cosa. Recordemos que el alquiler vacacional descontrolado se ha reducido al mínimo porque las páginas web ya no aceptan anuncios sin número de autorización. Los pisos ilegales que quedan son residuales y en manos de elementos criminales", ha explicado en conversación con este medio. "Ya casi no quedan apartamentos irregulares en Barcelona porque los portales los rechazan o porque los propietarios no se atreven ante las fuertes multas, que yo veo ilegales y así lo manifiesto en los recursos, que ha impuesto el consistorio. Los hay, pero son mínimos", ha insistido.

Multas contra el alquiler ilegal en Barcelona / CG

"El Peuat se les hundió"

Pertíñez apunta a un elemento de fondo que subyace en la amenaza de sanciones a Airbnb, Booking y Homeaway. "El cuerpo jurídico de las sanciones contra los pisos turísticos era el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat). Cuando la justicia anula esta norma en julio de 2019, las multas pierden validez. Cuando el Tribunal Supremo desestime el recurso de casación del Ayuntamiento de Barcelona y confirme esta nulidad, el consistorio tendrá un problema muy grave. ¿Qué hará con todas las multas que emanan de un plan que era nulo?", se pregunta el letrado. El profesional ha recordado que el equipo de Colau levantó otra moratoria al alojamiento turístico en noviembre. "Lo hizo para cubrirse las espaldas y también está recurrido ante el TSJC", ha avanzado en conversación con este medio.

De hecho, los letrados están derrotando una y otra vez al consistorio en los tribunales. Lo hace, por ejemplo, Dilan Tarín, abogado de la plataforma Veïns i Amfitrions (ViA) y la asociación Acaba. "La lucha contra los pisos turísticos es una cortina de humo. Esconde un dislate político que se ha convertido en una bola de nieve. Multan una y otra vez sabiendo que van a perder todos los procedimientos", avisa. ¿Por qué? "Porque se los estamos ganando todos. No por sentencias contrarias, sino porque al agotar la vía administrativa y acudir a la jurisdicción contenciosa, el ayuntamiento se retira", informa. Así, ¿las multas son inocuas? "Son abusivas y disuasorias, pero si las recurres hasta el final, el ayuntamiento pierde. No quiere llegar al contencioso porque si se crea un precedente contrario, quedarían todas anuladas", subraya Tarín.

"Cifras hinchadas"

Pertíñez y Tarín avisan de otro elemento que el ejecutivo municipal no aporta. "Las cifras de sanciones están disfrazadas", avisa Tarín. ¿A qué se refiere? "Los 8.000 expedientes que citó la teniente de alcalde, Janet Sanz, son en realidad 4.000. Los cuenta doble porque cada uno es un expediente sancionador y el otro, uno de restablecimiento de la legalidad. Además, incluye multas por alquiler de habitaciones", argumenta. "Este guarismo podría ser correcto si se cuenta desde 2015. Pero, ¿incluye también los precintos de pisos a los que ya se ha abierto expediente sancionador?", se pregunta el primer letrado. De hecho, Sanz se negó ayer a precisar cuántas sanciones económicas se han cobrado de las 16.000 actuaciones realizadas, 8.000 expedientes incoados y 3.150 actividades precintadas. "Es un tema que lleva Hacienda", se defendió la concejal de Barcelona en Comú (BComú).

Hay más. Desde la Plataforma ProViviendas Turísticas recalcan que las cifras aportadas por el ayuntamiento "son falsas". Aseguran, en línea con los argumentos de Pertíñez, que "en Barcelona apenas quedan pisos turísticos" por la disuasión y la colaboración de las plataformas contra las que cargó este martes Sanz muy duramente. Aseguró que daban cobertura a "grupos mafiosos". "Están tan desesperados por dar resultados a los periodistas que incoan expedientes a gente que alquila para más de 31 días, lo que es legal", se quejó ayer una portavoz de la entidad. La misma representante afeó la "guerra ideológica de BComú" contra la vivienda vacacional y recordó que, pese a la disminución de la actividad, "el alquiler convencional en Barcelona no ha bajado, sino que sigue en máximos. Y eso que dijeron que era culpa de este sector".