El 22@ de Barcelona, el distrito tecnológico de la capital catalana y el barrio más demandado para instalar oficinas, se ha convertido en el escenario del pelotazo inmobiliario de una orden de monjas. Las Servidoras de Jesús del Cottolengo del Padre Alegre han colocado 1.500 metros de suelo a la veterana promotora Euroconstruc, que aprovechará la valiosa parcela para elevar vivienda protegida.
'Pelotazo' inmobiliario de una orden de monjas en el 22@ de Barcelona / CG
La hermandad religiosa, que opera un icónico hogar para niños y adultos desvalidos desde 1939, cerró la operación el pasado año. A finales de 2019 el desarrollo inmobiliario recibió luz verde en la comisión municipal de Gobierno. Ahora queda solo desalojar a los inquilinos y comenzar las obras para transformar el chaflán, un calendario que se prolongará un mínimo de cuatro años. Cuando las grúas terminen su trabajo, el activo de la orden religiosa que llevaba décadas sin uso situado en la calle Pere IV se transformará en 30 pisos de protección oficial frente al Metro de Bogatell. Se colocarán a la administración por cerca de nueve millones de euros.
"Vendido por debajo de precio de mercado"
Preguntado por la cuestión, el representante legal de las Servidoras de Jesús ha confirmado que la operación se ha completado. Ha rechazado aportar datos sobre la plusvalía que ha sacado el Cottolengo con la transacción, aunque ha alertado de que el cambio de manos del activo "no podría haber alcanzado un precio por metro cuadrado análogo al de mercado, pues las hermanas eran solo propietarias de la mayoría del chaflán, no de su integridad". "El resto de propietarios no elevaron las viviendas de protección oficial que les tocaban por ley y la edificabilidad de pisos públicos se concentró en la zona de mi cliente", añade el mismo interlocutor. En otras palabras: las religiosas han vendido sus 1.500 valiosos metros cuadrados en la puerta de entrada al 22@ por un precio menor que las pastillas más cotizadas del distrito, ya que el "único uso aceptado era para VPO".
El chaflán vendido por las monjas del Cottolengo a Euroconstruc / GOOGLE
La misma fuente ha indicado que la transacción se trata de una operación "privada" que se enmarca en "los pocos desarrollos privados de vivienda social que se acometen en la ciudad de Barcelona". Según el letrado del Cottolengo, "apenas hay un puñado de inmobiliarias que se aventuren a elevar vivienda protegida en Barcelona" por la escasa rentabilidad.
Según la documentación del proyecto, el promotor prevé un beneficio del 18% para un precio de venda para promoción terminada de 9,1 milllones de euros. El proceso de construcción y colocación a la administración lo acometerá Balec Projectes Inmobiliaris, una filial del grupo Euroconstruc.
¿Quién es el Cottolengo?
Al margen de los avatares del mercado inmobiliario, las más beneficiadas además del ciudadano --que verá ligeramente engrosado el pírrico parque de vivienda pública de Barcelona-- será la hermandad de monjas de la capital catalana. Las Servidoras de Jesús del Cottolengo realizan una callada pero meritoria labor asistencial a enfermos y personas desvalidas en el barrio del Coll de la ciudad. Lo hacen desde que se fundara el asilo en 1939 y con la misma filosofía: cuidar de personas enfermas que no tienen recursos para su propia manutención, menos si cabe para tratar su propia enfermedad. Ello se agrava por el hecho de que esta casa de tradición jesuítica no recibe subvenciones públicas, viviendo de las donaciones anónimas, tal y como recogió Religión en Libertad en 2016.
Además de esta encomiable labor solidaria, las monjas contribuirán de forma directa ahora a dar cobijo a 30 familias barcelonesas. Lo harán después de colocar medio chaflán del 22@ a una inmobiliaria, que construirá y entregará 30 unidades de protección oficial a la administración. La aportación, por bien que discreta, no es menor, habida cuenta del pinchazo en política de vivienda de alquiler social del Gobierno de Ada Colau en Barcelona en el pasado mandato. Barcelona en Comú, coalición de la alcaldesa, entregó cerca de 800 pisos de este tipo de los 4.000 que prometió en campaña electoral. Durante prácticamente el mismo periodo, entre 2014 y 2018, los demandantes de vivienda pública se dispararon un 45% hasta las 40.896 personas, tal y como avanzó Metrópoli Abierta.