Las empresas que gestionan el Tram recortan su deuda un 23%
Las concesionarias, participadas por Globalvía, Moventia y Alstom, elevan un 2% sus beneficios en 2018
28 agosto, 2019 08:12Ligero beneficio e importante recorte de la deuda en un ejercicio con más pasajeros y con los ingresos casi estancados. Así están las empresas del Tram en Barcelona, puesto que ambas tienen como accionistas de referencia a Globalvía, Marfina (Moventia) y Alstom. Su presidente es el exconseller Felip Puig y su director general, Humberto López Vilalta.
Tramvia Metropolità del Besòs, que gestiona las líneas T4, T5, y T6, vivió un descenso del 0,1%, hasta los 35,9 millones, pese a que incrementó en un 3% su cifra de validaciones. Esta sifra se explica porque los ingresos tienen dos fuentes: la prestación de servicios –una tarifa técnica por cada viajero–, que sí vio reflejada el alza de usuarios, y unos ingresos financieros derivados del acuerdo de concesión, que se recortaron en medio millón.
Estabilidad
La información –que publica Expansión– explica que Tramvia Metropolità (que se encarga de las líneas T1, T2 y T3) son son similares en lo económico, pero hubo el doble de validaciones que en el Trambesòs. En el Trambaix, la cifra de negocio subió un 1,2%, con 35,3 millones de euros. Esta sociedad tiene un sistema de retribución diferente: una tarifa técnica por cada viajero, que se redujo en 200.000 euros, y unos ingresos del sistema tarifario, que aumentaron en 566.00 euros. Su beneficio, de 9,52 millones, mejoró casi un 3%, aunque en este caso el recorte de la deuda no influyó, ya que el pago de intereses fue el mismo a pesar de haber reducido el pasivo bancario a largo plazo en más de cinco millones. La sociedad pagó un dividendo de 6 millones
La deuda conjunta de las dos empresas ascendía, al cierre de 2018, a cerca de 70 millones: una cuarta parte está en manos del BEI y el resto corresponde a la banca. Las dos sociedades del Tram son fruto de sendas concesiones de la Generalitat, que licitó los contratos para construir y explotar ambas infraestructuras. Los consorcios ganadores se comprometieron a pagar y financiar las actuaciones –en nombre de la Generalitat–, recuperaban la inversión y obtenían un beneficio industrial durante la vida de la concesión, que expirará el 1 de abril de 2032.