La prórroga presupuestaria del Govern lastra la atención a los mayores
La presidenta de ACRA, Cinta Pascual, alerta sobre el colapso del sector en Cataluña, e insta a los partidos a sellar un pacto en el ámbito de la dependencia
26 julio, 2019 00:00La prórroga de las cuentas del Ejecutivo de Quim Torra también lastra la atención a las personas mayores dependientes en Cataluña. Patronales y sindicatos claman por una inyección de 300 millones de euros, de forma progresiva en los próximos siete años, pero desde el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, en manos del republicano Chakir El Homrani, admiten que la incapacidad del Govern para sacar adelante unos nuevos presupuestos --por segundo año consecutivo-- condiciona la posibilidad de inyectar fondos a la dependencia.
Cinta Pascual, directora de la Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), principal patronal del sector, explica a Crónica Global que "existe un verdadero colapso en la atención a las personas mayores" en el territorio. "Después de diez años de tarifas congeladas, la situación es muy complicada, sin margen de maniobra para actuar. Los profesionales tenemos el peor convenio del sector, y eso también dificulta encontrar a personas que quieran trabajar en él", señala.
El Govern incumple sus promesas
En julio de 2016 los mismos actores presentaron el primer manifiesto para conseguir mayor inversión para las residencias de ancianos pero, tal y como recuerda Cinta, el 1-O y la posterior entrada en prisión de la entonces consejera Dolors Bassa paralizaron la negociación y les obligó a aparcar sus reivindicaciones. Cuando El Homrani accedió a la cartera aseguró a representantes sindicales y patronal que en junio de este año sellarían un acuerdo que preveía las mejoras que exige el sector, pero no ha cumplido "absolutamente nada", denuncia Pascual. "El conseller se había comprometido a trabajar con nosotros para cerrar un pacto el mes pasado, y lo que encontramos es que no ponen nada sobre la mesa", critica.
La incapacidad de Torra para sacar adelante las cuentas de la Generalitat impide llevar a término inversiones en ámbitos como la dependencia, a pesar de que desde Asuntos Sociales manifiestan que continúa la negociación con el sector para cerrar la próxima semana los aumentos salariales que exigen los trabajadores. Desde ACRA explican que, hasta el momento, la única propuesta sobre la mesa data de 2018: igualar los grados de los trabajadores, "una medida que ni comporta un incremento salarial, ni la mejora de las condiciones laborales", tal y como reclaman, sostiene Pascual.
Mejora de la atención a los ancianos
"Nuestra reivindicación es que todos los usuarios reciban el mismo trato, estén en el tipo de residencia que estén, sea concertada o colaboradora. Que tengan la misma calidad y los mismos recursos, y que los profesionales cobren lo mismo, ya trabajen en el sector público o en el concertado; porque en estos momentos no es así", denuncian desde ACRA. Los trabajadores de las residencias que dependen del Govern cuentan con un convenio un 25% superior al del resto del sector, que representa el 70% del total. "Si reconocen un convenio superior, ¿por qué al resto no? No puede haber profesionales de primera y de segunda”, critica Pascual.
Desde el ámbito de la atención a las personas mayores lamentan que su convenio es "el peor" de todos los que dependen del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia. "Tanto en horas trabajadas, como en salario. Hemos tenido paciencia durante diez años, pero ya no podemos más. Por eso nos hemos unido patronales y sindicatos para que mejoren las condiciones laborales en el sector", subraya la presidenta de ACRA, que alerta del "verdadero colapso" que existe.
Listas de espera
Para muestra, un botón. Y es que en Cataluña hay 18.900 personas dependientes en lista de espera para acceder a una residencia. "La lista de espera más larga de toda España", cuenta Pascual, aunque admite que la comunidad es uno de los territorios que más personas atiende. Si la media de estancia en los centros era de cuatro años, ahora se ha reducido a la mitad. "Lo que indica es que la situación de dependencia de estas personas es mucho mayor. Por tanto, nosotros necesitamos más recursos para atenderlos", recalca.
Una mejora que pasa por un salario mayor, menos horas y ratios, que patronal y sindicatos cifran en una inyección de unos 300 millones de euros en un plazo de entre cinco y siete años. "Ponemos encima de la mesa más responsabilidad que la propia Administración", critican desde ACRA, patronal que subraya que ya "no se trata ni de empresas ni de trabajadores, sino de que la atención a las personas mayores pase a ser prioritaria".
"Ancianos invisibles"
Pascual advierte que "los ancianos se han vuelto invisibles", y recuerda que es fundamental garantizar el bienestar de las personas en la última etapa de su vida. Aunque la falta de recursos asistenciales también es una evidencia, desde el sector dan ahora prioridad a mejorar las tarifas, tras una década congeladas, y las condiciones de los trabajadores.
Para ello han pedido en el Parlament, después de reunirse con todos los grupos, "un pacto de recursos hacia el sector", desde el que lamentan que ni El Homrani --"que se había comprometido a sellar un pacto en junio que no ha cumplido", recuerda Pascual-- ni nadie de su consejería les haya recibido este jueves, aunque esperan que continúen las negociaciones.
Futuras movilizaciones
Ante la incerteza de cerrar un acuerdo con la Generalitat, desde el ámbito de la atención a los ancianos no descartan nuevas movilizaciones, tras la protesta ante plaza Sant Jaume este jueves. "Atendemos a un 95% de personas con enfermedades crónicas avanzadas, por tanto, no pararemos hasta encontrar una solución", señala Pascual, quien no descarta la huelga. "El sector, sus profesionales y familias, saldremos a reivindicar una mejor calidad de la atención a los mayores”. Y advierte que, si en septiembre no cuentan con una respuesta convincente de la Consejería, iniciarán nuevas manifestaciones.