Los vigilantes de Ombuds reclaman al Síndic la rescisión del contrato de FGC

La pugna de los vigilantes de seguridad privada de Ombuds y la compañía ha llegado ante el Síndic de Greuges. El sindicato que ha convocado la huelga indefinida que se ha iniciado esta semana, ADN Sindical, ha remitido una queja al defensor en la que incide en la necesidad de rescisión del contrato que el grupo mantiene con Ferrocarrils de la Generalitat (FGC).

En el escrito, al que ha tenido acceso Crónica Global, los denunciantes aseguran que los descubiertos que se han generado en la línea del Baix Llobregat-Anoia suponen un claro incumplimiento de los artículos del contrato mercantil que la compañía mantiene con los ferrocarriles catalanes. Ombuds no puede cumplir los servicios mínimos de esta contrata, que llegan al 75%, a raíz del alud de bajas médicas que se han registrado en las últimas semanas. Faltan alrededor del 70% de los efectivos.

Tramitación de urgencia

Los trabajadores explican que son debido a la presión que soportan los vigilantes al tener que lidiar con la “violencia gratuita” de algunos viajeros sin percibir ni siquiera sus retribuciones. El 80% de la plantilla de Ombuds en Cataluña, que se acerca a las 300 personas, no ha cobrado ni la nómina de junio ni la paga extraordinaria que debían recibir la semana pasada.

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha tramitado la solicitud de los vigilantes de seguridad con carácter de urgencia. En el documento también se hace referencia a los incumplimientos económicos con los trabajadores, una situación que no se espera resolver en el corto plazo. Especialmente tras la decisión de las entidades financieras con las que trabajaba el grupo de seguridad privada de no reactivar las líneas de financiación del circulante (factoring), el motivo que ha alegado la compañía para acogerse al preconcurso de acreedores.

Reconocer la quiebra

Alternativa Sindical, la organización profesional mayoritaria en la seguridad privada, defiende que esta situación obliga a la cúpula de Ombuds, encabezada por Rodrigo Cortina, a reconocer su quiebra definitiva. “No puede apurar los tres meses que le da el artículo 5 bis de la propia Ley Concursal apurando a ver si alguna empresa financiera o externa le propicia un balón de oxígeno que a día de hoy es inviable”, indica en un comunicado.

La empresa de seguridad privada de la familia Cortina y el fondo JZI ha mantenido en los últimos días que sólo necesita tiempo para solucionar el bache económico. En las negociaciones que se han celebrado para evitar la huelga, ha defendido en varias ocasiones que cuenta con un inversor potencial y que aún tiene facturas por cobrar que le supondrán una inyección de fondos. Entre ellas, un servicio especial que prestó a FGC y que fuentes de la empresa cifran alrededor de los 300.000 euros.

Para los sindicatos, estas explicaciones sólo buscan esconder la realidad financiera de Ombuds. Aseguran que se trata de una empresa insolvente con 8.000 trabajadores que debe asumir las consecuencias de no poder seguir con su actividad.