La Ciutat de la Justícia y el Institut Municipal de Habitatge, sin vigilantes

La huelga indefinida de los vigilantes de seguridad de la empresa Ombuds dejará vacíos los filtros de las entradas de la Ciutat de la Justicia de Barcelona y sin servicio al Institut Municipal de l’Habitatge y Rehabilitació de la capital catalana, cuyo trabajo es proteger los edificios de promoción, gestión y administración de esta compañía pública. Así lo ha decidido la consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, encabezada por Chakir El Homrani (ERC), al fijar los servicios mínimos que estarán vigentes mientras perdure la protesta.

El 75% de los empleados de Ombuds que presten servicio en líneas de transporte público deberán acudir a sus puestos de trabajo. Así lo ha decretado la Generalitat, que recuerda que la “vigilancia y protección de personas, objetos e instalaciones en relación a las actividades de transporte público (puertos, ferrocarriles..) y centros y sus medios de comunicación social” son “servicios esenciales para la comunidad” y que por esto se debe regular.

Alerta antiterrorista

Se han fijado unos servicios mínimos con un porcentaje alto en base de que Cataluña persiste la alerta antiterrorista de nivel 4 sobre 5 y que las actividades de seguridad privada dan apoyo a los servicios públicos.

El departamento indica en su comunicado a las partes, al que ha tenido acceso Crónica Global, que se debe “compatibilizar el ejercicio libre y pacífico del derecho de huelga” de los trabajadores con el “mantenimiento y garantía de la seguridad de las personas, las instalaciones y los bienes”.

Crisis en Ombuds

Ombuds da empleo a unos 300 vigilantes de seguridad en Cataluña que están llamados a la huelga indefinida por ADN Sindical y la Asociación Profesional de Seguridad y Servicios de Tarragona (APSS-T), dos organizaciones profesionales. La protesta se enmarca en una de carácter laboral que afecta a 8.000 trabajadores.

La empresa de seguridad privada de la familia Cortina y el fondo estadounidense JZI entró en preconcurso de acreedores a finales de junio. Fue el corolario final de los problemas económicos que acumula la compañía desde hace años y que implicó dejar de pagar el salario y la paga extra a su plantilla. Este fue el disparo de salida del conflicto laboral en el que se reclama una salida digna de la situación actual. La dirección del grupo, por su parte, insiste en que resolverá la situación en el corto plazo y que incluso ha conseguido despertar el interés de inversores potenciales.

Dispone de tres meses para intentar superar la situación de quiebra técnica. Con todo, no parece que vaya a resolver la crisis con sus trabajadores.