La patronal pide oxígeno ante la regulación de las horas extras

A menos de una semana para que entre en vigor la obligación de registrar la jornada laboral de los trabajadores, el empresariado muestra “gran preocupación y desazón” ante una normativa que considera que no cuenta con los consensos necesarios y necesita tiempo para ser estudiada tal y como se quiere aplicar en la actualidad. 

A partir del domingo 12 de mayo será requisito contar con un registro del horario laboral de cada empleado, que deberá ser conservado durante los cuatro años siguientes. Una medida incluida en el decreto de protección y lucha contra la precariedad aprobado por el Gobierno el pasado marzo. No obstante, la CEOE ha pedido una moratoria al Ejecutivo al considerar que “tal y como se plantea, es muy difícil de cumplir”. La directora de Relaciones Laborales de la organización empresarial, Rosa Santos, mostró hace semanas su "preocupación" ante la "ausencia de pautas concretas" en la normativa y lamentó la falta de diálogo del Gobierno, inmerso en ese momento en la precampaña electoral, que persiste. 

Freno a la precariedad

El objetivo de la normativa pasa por fijar un registro con la hora de inicio y salida de cada trabajador. La idea, según justificó el Ejecutivo en su momento, trata de frenar la precariedad laboral y controlar el número de horas extras que se realizan, así como frenar los falsos contratos a tiempo parcial. En la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2018 fueron 797.000 empleados los que declararon alargar su jornada de actividad. De ellos, el 48% aseguraban no percibir ninguna remuneración en compensación ni tampoco cotizan a la Seguridad Social por ese tiempo.

Los trabajos liberales son los que más se suman a esta práctica. El 46% de los empleados españoles realizan más de cuatro horas extras cada semana, según un informe elaborado por la empresa de coworking IWG.

Inseguridad empresarial

Sin embargo, la patronal señala que la normativa que regula las horas extras contiene “vacíos” que generarán “problemas” y lamenta la inseguridad que genera para las empresas. Esto se debe a que, a partir del lunes, Inspección de Trabajo comenzará a comprobar que las empresas han instalado sistemas para que quede patente el registro de sus empleados. En caso negativo, serán multadas por una infracción grave, con un importe de entre 626 y 6.250 euros.

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, es uno de los que se ha mostrado favorable a paralizar la puesta en marcha de la normativa para abrir una mesa de diálogo que alcance los “consensos” necesarios. Asimismo, el líder de la patronal catalana mantiene que la industria será el sector peor parado con la aplicación de la regulación si se empiezan a imponer sanciones.

Dudas sobre la aplicación

El empresariado justifica su silencio desde el tiempo en que se aprobó la normativa hasta ahora por los análisis que han tenido que realizar de la ley de nuevo cuño. Reconocen que persisten las dudas sobre cómo se debe aplicar.

Sánchez Llibre ha declarado que se mostraron desde un primer momento “satisfechos” con el cambio en la regulación para “no poner palos a las ruedas”. Con todo, señala que el diálogo y el consenso sería el escenario preferido.