El Ayuntamiento de Barcelona pone barreras a las motos compartidas

El Gobierno de Ada Colau se ha propuesto convertir Barcelona en una de las ciudades pioneras del Estado en la regulación de los servicios conocidos como motosharing y bikesharing. El pasado mes de febrero, entró en vigor la tasa por ocupación del espacio público, que obligará a las operadoras a pagar un impuesto de 71,51 euros por vehículo al año.

No obstante, tal y como avanzó este medio, la nueva tasa no es lo que más incomoda a las diferentes empresas que operan en la ciudad. Todas ellas han centrado sus esfuerzos en combatir el límite de licencias que prevé anunciar el gobierno municipal en las próximas semanas o meses. La medida se engloba en el pacto por la movilidad impulsado por el ayuntamiento, donde participan todos los sectores implicados, incluidas las empresas.

Acciona, a la espera

Algunas compañías no se fían de los planes de la alcaldesa, por lo que han parado sus planes de expansión a la espera de ver cómo se resuelve la nueva regulación municipal. Según ha podido saber este medio, varias empresas que operan en Madrid no han dado el salto a la capital catalana por temor al marco regulatorio. Entre ellas, Movo, Coop y Acciona. La compañía del Ibex-35 está muy atenta a los planes de la alcaldesa de Barcelona y a todo lo que se debate en el pacto por la movilidad de la ciudad. De momento, Acciona ya ha desplegado su servicio de moto eléctrica compartido en L’Hospitalet de Llobregat, la segunda ciudad más importante en número de habitantes de toda Cataluña.

La compañía puso en marcha su servicio de motosharing el pasado viernes en L’Hospitalet con la intención de penetrar en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Sin embargo, se reserva el futuro aterrizaje en la capital catalana hasta conocer al detalle la nueva normativa municipal, que también podría quedar en el aire por la proximidad de las elecciones municipales, según fuentes consultadas.

Rectificación

En un inicio, el gobierno municipal planteó establecer un tope de 3.500 licencias para motocicletas eléctricas en Barcelona. Sin embargo, las quejas de las compañías del sector --parte de ellas agrupadas en la plataforma Smart Mobility-- provocó que el equipo de Ada Colau rectificara y aumentara a 4.639 licencias, cifra oficial que maneja el consistorio. En ese momento, un informe del Ayuntamiento detectó que en la ciudad operaban 2.325 motos de esta tipología frente a las 1.500 unidades de bicisharing. 

Las operadoras no han conseguido convencer al gobierno municipal para que dé marcha atrás en la moratoria de licencias, que se repartirán mediante un sistema de sorteo. Sin embargo, las empresas confían en que las externalidades positivas de este tipo de vehículos consigan que el Ayuntamiento sea más laxo a la hora de legislar. En concreto, esperan que cada año se aumente de forma considerable el número de licencias permitidas en la ciudad. De hecho, la concejal de Urbanismo, Janet Sanz, admitió que la cifra sería revisada de forma anual. Aun así, algunas de las actuales operadoras, al ser empresas de reciente creación, no han llegado a obtener beneficios, por lo que el freno a las licencias podría cuestionar su modelo de negocio, según admiten desde Smart Mobility. 

Análisis contrario a la regulación

Antes de iniciar la creación de un nuevo marco regulatorio, el Ayuntamiento de Barcelona analizó las externalidades positivas y negativas del bikesharing y del motosharing en la ciudad. Llama la atención las muchas ventajas que encontró el gobierno municipal a esta nueva modalidad de transporte y, en cambio, los escasos impactos negativos que destacan desde el propio consistorio. Así lo aprecia Rosa Guirado, abogada especializada en economía colaborativa, que considera "poco fundamentada" la justificación. 

En su informe, el Ayuntamiento alerta que “la existencia de este tipo de empresas sin ningún tipo de límite” comporta una “fuerte ocupación del espacio público y sobre los aparcamientos, dificultando la rotación”. Asimismo, destaca el impacto negativo que genera “sobre la seguridad viaria”.

En cuanto a los beneficios, admiten que reduce y renueva el parque de vehículos existente; “ayuda a disminuir la contaminación atmosférica y acústica”; incentiva la decisión de no comprar o vender un vehículo privado; estimula los desplazamientos intermodales y fomenta el uso del transporte público; aumenta la accesibilidad y permite racionalizar el uso del coche y de la moto; e implica un impulso al vehículo eléctrico, entre otras.