El comedor escolar que acaba ante el TSJC

La Sección Quinta de la sala de lo Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acaba de recibir un recurso sobre el futuro del comedor escolar del colegio Guillem de Montgrí de Torroella de Montgrí (Girona). Los magistrados que deben decidir, entre otras cuestiones, cuál es la cifra de la indemnización que la Generalitat debe pagar al consorcio liderado por Acciona al perder ATLL también deliberarán sobre si los padres y madres de este centro escolar mantienen la gestión directa del servicio de catering.

Puede parecer una cuestión menor, pero ha propiciado un conflicto de primer orden en el municipio. La movilización de las familias se inició hace seis meses y les ha llevado ante la delegación de la Generalitat en Girona, el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (TCCSP) y el Alto Tribunal catalán. Todo un periplo judicial con el consiguiente impacto económico para sus impulsores.

Adjudicación del Consejo Comarcal

¿Qué lo motivó? Fuentes del AMPA explican que recibieron como una sorpresa desagradable la decisión del Consejo Comarcal del Baix Empordà del pasado 3 de agosto de adjudicar la “contratación de la concesión de servicios de comedor escolar y de monitores” de este centro a la empresa Càtering Vilanova. Se hizo a través de una modificación de la concesión de los servicios del territorio, el concurso público que se licitó en el verano de 2017.

La compañía de Girona liderada por Juan Vilanova Aliguer se hizo con los servicios de la zona norte de este territorio por 3,30 millones de euros. La ampliación del contrato elevó este importe a los 4,82 millones. La sociedad que se encarga de dar de comer a los niños en la zona sur es Eurest Catalunya. Esta firma se hizo con un encargo que en el primer momento alcanzaba los 3,34 millones y que se quedó en los 3,33 millones tras la revisión. Es decir, no fue tan aventajada en el proceso de ampliar los centros.

Falta de legitimación del AMPA

El AMPA del Guillem de Montgrí gestionaba desde hacía una década el servicio de comedor del centro y se resistió a perderlo. Llamó a la puerta de todas las Administraciones Públicas de la zona y recurrió al órgano de contratación. Fue allí cuando se toparon con un obstáculo burocrático que intentarán superar ante el TSJC, la “falta de legitimación activa” de la organización para encargarse de este servicio.

“No tiene carácter empresarial ni puede ser calificada como contratista de los servicios”, concluyeron los técnicos del Consejo Comarcal a finales de agosto de 2018. El TCCSP les dio la razón meses más tarde. En la resolución que publicó en noviembre, a la que ha tenido acceso Crónica Global, la presidenta, Neus Colet, inadmite a trámite sus demandas por esta “falta de legitimación y representación”.

Justificación fuera de plazo

Decreta que el tribunal “no percibe que la recurrente haya acreditado un interés directo o indirecto, más allá de las alegaciones relativas a la legalidad”, y aborda la cuestión más polémica de la concesión, la propiedad de las instalaciones del comedor. Señala que se trata de “cuestiones que no tienen vinculación con la prestación de los servicios” y que los propios pliegos de condiciones del contrato contemplan su compensación. En el mismo sentido, la resolución del TCCSP asegura que el concurso público ya prevé una fórmula de subrogación del personal cuyas condiciones laborales “se deberán regir por el convenio colectivo aplicable”.

El AMPA intentó hacer cambiar de tercio al tribunal contractual, pero cometió un error de bulto al presentar sus alegaciones. Entregó toda la documentación que le había solicitado ante la delegación de Girona de la Generalitat de Cataluña en lugar de hacerlo en el registro del TCCSP. Cuando subsanó el fallo, había concluido el plazo.

Padres

También se personaron en la guerra por el comedor escolar varios padres de los usuarios del servicio, que han hecho lo propio ante el TSJC. En su caso, presentaron un escrito en el que “no se esgrimen los motivos concretos” del por qué el cambio de operador del comedor supondría una “afectación específica” en sus intereses. Esto resulta una cuestión clave para propiciar que se frente el cambio de operador.

La resolución recuerda que el “precio unitario [del menú] es de 5,64 euros, igual que el precio fijado en el contrato inicial” y que no tampoco se justifica “unos eventuales efectos negativos” de esta cifra. Por todo ello, sus reclamaciones cayeron en saco roto.

Tanto el AMPA como los padres que impulsan la pugna por el comedor escolar esperan que el TSJC les dé la razón al estudiar de nuevo la causa.