Los motivos por los que Acciona no dejará (por ahora) ATLL

La guerra del agua en Cataluña, la pugna judicial abierta entre el consorcio liderado por Acciona y la Generalitat por el control de Aigües Ter Llobregat (ATLL), entra ahora en un mes clave. El Gobierno catalán espera que a lo largo de febrero se generen las condiciones necesarias para que los gestores públicos puedan asumir la gestión directa de una empresa que se encarga de llevar agua potable a casi cinco millones de catalanes distribuidos en 140 municipios.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) deberá responder a dos cuestiones clave para propiciar este cambio. La primera de ellas es una vista ante la sección de lo Contencioso-Administrativo que tendrá lugar el próximo martes, 5 de febrero. Allí se decidirá si el Ejecutivo de Quim Torra ha vulnerado los derechos fundamentales de la denunciante durante el proceso de liquidación del contrato iniciado.

Vista de derechos fundamentales

Se trata de una medida que se contempla en ciertos procedimientos de urgencia, tal y como indican fuentes jurídicas. En ella, los magistrados debaten si se debe ofrecer un amparo adicional a la parte actora o no. En este caso, a Acciona y sus socios --las familias Rodés y Godia-Torreblanca y el fondo internacional Pioneer Point Partners-- para garantizar sus derechos en la resolución del contrato que se ha iniciado.

Responde a la acusación del actual gestor de ATLL de que la Generalitat ha actuado de forma confiscatoria y que pretende hacer una incautación de bienes. La empresa ha acusado al Ejecutivo catalán de "fraude" ante los tribunales porque entiende que se quiere quedar el dinero del canon que ha abonado hasta la fecha y el importe de las inversiones no ejecutadas. La parte más compleja de esta vista, según los mismos interlocutores jurídicos, es que el consorcio deberá demostrar que cuenta con los mismos derechos fundamentales que una persona física. Recuerdan que es habitual que se realicen procesos de este tipo en las expropiaciones durante la construcción de infraestructuras, pero no instados por una sociedad.

Desahucio administrativo

La Generalitat muestra cierto optimismo ante la nueva resolución del TJSC. Una vez concluya el proceso, la Dirección General de Patrimonio podrá proseguir con el desahucio administrativo que se ha iniciado para recuperar las riendas de la empresa de agua.

El vicepresidente de Economía, Pere Aragonès (i), y el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet (d), antes de comparecer en el Parlament para dar explicaciones sobre la liquidación de ATLL / EFE

El organismo que depende de la vicepresidencia de Economía, encabezada por Pere Aragonès (ERC), deberá notificar de nuevo a la concesionaria que pretende tomar las riendas del grupo en como mucho ocho días. El político republicano aseguró este miércoles en el Parlament que si Acciona se niega a hacer el traspaso de la gestión está dispuesto de recurrir a la justicia. Desde su entorno incluso se apunta a la posibilidad de irrumpir en ATLL junto a los Mossos d’Esquadra, un extremo que también se planteó por parte de la CUP en la comparecencia parlamentaria que del miércoles.

Entrega de los activos

Nadie en Acciona contempla este extremo como una posibilidad. Los responsables del consorcio han dejado claro desde el primer día que, en el momento en el que la Generalitat les reclame que se vayan de ATLL, lo harán sin más. Su defensa justifica que no pueden proceder a ello en este momento por la desprotección jurídica que se produciría.

Se debe tener en cuenta que todas las partes miden al milímetro los pasos que dan en este momento para no otorgar argumentos judiciales a sus rivales. Y dejar la gestión de la compañía se contempla como una oportunidad para que la Generalitat interprete que se ha incumplido el contrato y justifique de este modo su resolución.

Más medidas cautelares

El consorcio espera que la Generalitat mueva ficha y el Govern está pendiente del TSJC también por otro proceso. De forma paralela a la vista de derechos fundamentales, los magistrados de lo Contencioso-Administrativo deberán responder al último escrito de medidas cautelares que sigue vivo.

Las que se instaron tras la carta que el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, mandó el 20 de diciembre tanto a los responsables de ATLL como a los trabajadores en que anunciaba que a partir del 1 de enero la empresa pasaría a estar gestionada por la dirección nombrada desde el sector público.

Fallo a favor del Govern

Este miércoles la misma sala ya falló a favor de los intereses de la Generalitat en un procedimiento anterior. Denegó que se revertiera el acuerdo de Gobierno de 4 de junio que propició que se creara la comisión de liquidación de la concesión.

Imagen de una planta de bombeo de ATLL / CG

El mismo organismo que ya ha confeccionado dos propuestas económicas para revertir el proceso. Ambas han sido rechazadas de forma vehemente por la multinacional de los Entrecanales y sus socios. Calvet se comprometió este miércoles ante la oposición a preparar un tercer cálculo cuya cuantía dará a conocer "en los próximos meses".

Pelea económica

Es precisamente las divergencias en poner una cifra económica la que han llevado a la actual judicialización y enroque del proceso de transformación de ATLL en una empresa pública. El consorcio asegura que el Gobierno se había comprometido en pactar la liquidación antes de entregarle las llaves de la compañía y el Ejecutivo mantiene que esto no es un compromiso en firme. Además, plantea que incluso podría llegar a asumir la gestión antes de que el TSJC se pronuncie sobre las últimas cautelares.

Se pelean por si el contrato es nulo de pleno derecho o anulable. No hay margen para el acuerdo y las partes han fiado a los tribunales la decisión final sobre qué deberán pagar las arcas catalanas a Acciona y sus socios. La llamada "cuestión de fondo" que también se dirime en el Alto Tribunal catalán.

Dilación del proceso

La resolución de la guerra del agua va para largo y pospone otra cuestión clave del proceso que inquieta a propios y ajenos. El acuerdo económico de la liquidación también implicará que el Gobierno catalán deba revertir hasta la última consecuencia la licitación de ATLL. Y esto tendrá efectos sobre el déficit público.

Además de ingresar 298 millones en el momento de la firma del contrato, una cantidad que se usó para pagar la nómina de la función pública de diciembre de 2012, la Intervención General del Estado (IGAE) le autorizó una operación que implicaba borrar del déficit público del ejercicio casi 1.000 millones de euros. Es decir, el importe total del canon de concesión del servicio en los 50 años que debía estar vigente.

1.000 millones de déficit

Pero esta licitación se revertirá y no se volverá a adjudicar ATLL. JxCat, ERC y la CUP aprobaron en la legislatura pasada que la gestora del servicio será pública y el Ejecutivo catalán cumplirá a rajatabla esta decisión. Hecho que le llevará a consolidar de nuevo en las cuentas públicas de 2012 esos 1.000 millones, con el consiguiente impacto en el resto de los ejercicios. O, lo que es lo mismo, apuntar una desviación que supone el 0,5% del PIB catalán y el 0,19% del estatal.

Los consejeros anunciaron ante la comisión parlamentaria que aún no han iniciado las conversaciones correspondientes ni con IGAE ni con Eurostat para ver cómo ejecutan este movimiento. Por ahora, la guerra del agua suma capítulos.