Los accionistas de ATLL, Acciona y Pioneer Point Partners, denuncian al Govern por "fraude de ley" y "afán confiscatorio". Las empresas con posiciones en Aigües Ter-Llobregat (ATLL) alertan de que la propuesta de liquidación de la concesión anulada por el Tribunal Supremo en febrero de 2018 puede generar "responsabilidades de todo orden" a la Generalitat de Cataluña.
Según ha avanzado Expansión, los dos inversores critican que el Ejecutivo autonómico quiera cometer presunto fraude de ley con ánimo confiscatorio para resolver el contrato que el alto tribunal declaró nulo tras tumbar el concurso de adjudicación el pasado año. En opinión de los dos inversores, la solución planteada por el equipo del president Quim Torra el pasado 28 de diciembre introduce "cambios meramente cosméticos". Agrega que "vulnera el ordenamiento jurídico" además de "mantener la esencia confiscatoria" e incurrir en "fraude de ley". Quizá por todo ello, si el Govern sigue adelante con el plan de liquidación de la concesión se podrían "derivar responsabilidades de todo orden".
"Fraudulenta"
La nueva propuesta de liquidación "no solo carece del más mínimo sentido jurídico o económico, sino que es claramente fraudulenta", critica ATLL en el texto de alegaciones presentado esta semana ante el Departamento de Territorio de la Generalitat de Cataluña. El escrito llega después de que en julio de 2018 la Consejería catalana que comanda Damià Calvet anunciara con el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que liquidaría el contrato.
Imagen de una estación de bombeo de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) / CG
Imagen de una estación de bombeo de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) / CG
En noviembre de 2018, la comisión liquidadora del Govern decretó que a ATLL no le asistía el derecho a cobrar indemnizaciones por lucro cesante o una compensación al uso, ya que el contrato de la concesión había sido declarado nulo por una instancia judicial. Lo que es más, el Govern avisó de que la concesionaria le adeudaba 34,8 millones de euros en costes de tramitación.
Pide 1.036 millones de euros
Cualesquiera que fueren las pretensiones del Govern con Acciona y Pioneer, los dos inversores reclaman una cifra muy alejada de la ofrecida por el Gobierno autonómico. Las dos compañías exigen 1.036 millones a la Generalitat de Cataluña. La cifra se desglosa en las siguientes partidas: 305 millones en concepto de canon abonado y no recuperado vía tarifa, además de las inversiones efectuadas y no amortizadas y otros 769 millones por daños y perjuicios. El guarismo se ajusta 38 millones a la baja tras incorporar variables.
Cabe recordar que el TSJC dictaminó en un auto en noviembre que concurría una causa de mera anulabilidad en el concurso y no una nulidad de pleno derecho. Ello significa que siempre en opinión de la instancia judicial, el contrato de ATLL existe y está en vigor "con todos sus efectos", por lo que debe ser liquidado con arreglo a las cláusulas incluidas a este fin.