La secretaria de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Generalitat, Marta Subirà (PDeCAT), encabeza desde este lunes un nuevo organismo del Gobierno catalán cuyo objetivo único es recuperar la gestión pública de Aigües Ter Llobregat (ATLL). Dispone de poco más de 30 días para cumplir con este objetivo, anunciado antes del verano por el consejero de Territorio, Damià Calvet.

El también político de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), cuna de los convergentes, ha afirmado en múltiples ocasiones que el nuevo ente de abastecimiento público debe recoger el testigo de la filial de Acciona el próximo 1 de enero en ATLL. En las próximas semanas se deberá dar forma al andamiaje societario que permitirá formalizar este cambio.

Representantes del Govern

Subirà se ha rodeado de varios responsables de los departamentos de la Generalitat que tienen responsabilidades en esta gestión. El secretario general de Territorio, Ferran Falcó (PDeCAT), es el vicepresidente del llamado consejo de administración de la nueva ATLL, que también cuenta con cuatro vocales.

Están representados el actual gerente del ACA, Lluís Ridao (PDeCAT), hermano del exsecretario de ERC Joan Ridao y una de las personas de confianza del exconsejero Josep Rull; la directora general de Administración Local, Rosa Vestit (PDeCAT), ocupa la silla destinada al departamento de Presidencia; la vicepresidencia de Economía y Hacienda ha elegido al director general de Patrimonio, Francesc Sutrias (ERC); y el secretario de Salud Pública, Joan Guix (ERC), del departamento de Salud.

Pugna administrativa

La consejería de Territorio indica en un comunicado que la constitución de este espacio está “contemplado en las directrices” del decreto de julio que fijó que ATLL debía ser una empresa pública en 2019. No se ha constituido de forma oficial la nueva sociedad que deberá gestionar la compañía de abastecimiento de agua a cinco millones de personas de Barcelona y su ámbito de influencia. Tampoco se han resuelto grandes dudas, como la subrogación de personal entre la empresa privada y la pública.  

Todo ello, mientras Acciona continua su pugna administrativa para reclamar una indemnización por perder el control de la compañía catalana. La cotizada de la familia Entrecanales cifró en 1.000 millones de euros la contraprestación económica, cifra que contrasta con los cálculos de la Generalitat. El Gobierno de Quim Torra asegura que le salen 38 millones a devolver.

Última resolución del TSJC

Esta discrepancia abismal se sustenta en interpretaciones judiciales. El Ejecutivo catalán mantiene que la anulación de la concesión que hizo el TSJC primero y el Tribunal Supremo después dejaba en el aire el contrato de la filial de Acciona en ATLL. Es decir, entiende que nunca existió un contrato, por lo que no se puede percibir ninguna indemnización al respecto. Hecho que también implica denegar los presuntos daños y perjuicios a la compañía.

La multinacional de los Entrecanales defiende lo contrario. Sustentan sus argumentos en la última decisión sobre ATLL que se ha tomado en la sección quinta de la Sala Contencioso-Administrativo del TSJC. En ella, los magistrados aclaran que su enmienda a la totalidad a la licitación pública de 2012 “no incurrió en causa de nulidad de pleno derecho, sino de mera anulabilidad”. Es decir, se reconoce la existencia de una relación contractual entre la filial de Acciona y la Generalitat y se abre la puerta a la indemnización que exige la empresa.

Esta será la base de la nueva guerra del agua que se espera en Cataluña.