Foment del Treball y Pimec están a un paso de firmar la paz en el conflicto por la representatividad patronal en Cataluña. Las dos grandes organizaciones empresariales ultiman un acuerdo que supondría poner punto y final a una pugna que comenzó en 2011. Está en juego una cuestión clave para su futuro, definir cómo se reparten el peso institucional en el territorio. Es decir, el número de sillas, votos y aportaciones económicas que les corresponde como portavoces y representantes sociales de las empresas catalanas.

Fuentes conocedoras de la negociación indican que deben cerrar en las próximas semanas los detalles del acuerdo. De hecho, la Generalitat, la tercera parte en el principio de acuerdo, espera una respuesta este mismo septiembre. Básicamente, darle la aprobación definitiva al entendimiento existente permitiría concluir el debate de los porcentajes de poder que ostentará cada organización.

El clima preelectoral que se vive en Foment del Treball ha llevado a su presidente, Joaquín Gay de Montellà, a difundir entre sus próximos la existencia de este preacuerdo en términos casi de acuerdo de fusión. Sin embargo, la realidad es otra: Pimec, más discreta con las negociaciones, sólo está dispuesta a pactar cuáles son los límites del campo del juego, pero no el resultado del partido. "Gay de Montellà quiere acabar su mandato como el muñidor de una fusión patronal en Cataluña que está lejana en el tiempo", asegura un empresario crítico con los pasos del actual presidente de Foment.

Estructura de la etapa de Pujol

Actualmente aún prevalece de forma indirecta la estructura que se aprobó en la etapa de Jordi Pujol como presidente de la Generalitat. Entonces se otorgó a la patronal de las grandes empresas el 75% de la cuota de representatividad y el 25% restante se dejó a manos de la organización de pymes. Foment cedió en 2013 un 15% de su representatividad a Fepime, una filial creada ad hoc, para que tuviera voz y voto en las mesas de negociación institucional. Fue la vía elegida por el Govern de Artur Mas para cumplir con una sentencia judicial que daba carta de naturaleza a un silencio institucional previo. Así se resolvía esta pugna de forma provisional. Pero el galimatías jurídico ha sido mayúsculo durante ese tiempo.

Modificar el reparto ha resultado la parte más compleja de los encuentros al más alto nivel que se han mantenido este verano. Cabe recordar que el presidente de Pimec, Josep González, ha asegurado en múltiples foros que sus pretensiones pasan por alcanzar el 50% de este poder patronal en Cataluña. También ha dejado claro que no piensa estudiar otros escenarios de colaboración con Foment del Treball tras fracasar en los tres intentos previos de fusión que han negociado en su historia reciente.

Intervención de la Generalitat

Si no llegan a un pacto a finales de septiembre, será la Generalitat la que tome cartas en el asunto. Los mismos interlocutores señalan que el papel del consejero Chakir El Homrani, actual titular de la Consejería de Trabajo, ha sido clave para desencallar el diálogo entre las patronales catalanas.

El sindicalista conoció de primera mano el conflicto por la representatividad empresarial en su etapa en UGT de Cataluña y vio como su excompañera en la organización sindical, Dolors Bassa, fracasaba en aplicar una decisión salomónica. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anuló en enero de 2017 el reparto del 33% de la representatividad para cada una de las tres organizaciones en liza que había aplicado con una sentencia que retornó la Generalitat a la casilla de salida de la negociación con Foment, Pimec y Fepime.

Recuento de empresas

El Homrani intenta evitar los mismos errores que cometieron sus predecesores en el cargo y ha mandado un mensaje claro a los empresarios. Si no se ponen de acuerdo antes de que concluya septiembre, el Govern moverá ficha e intervendrá. Y esta actuación pasa por activar un proceso de recuento de las compañías que están adscritas a cada patronal. Es decir, la medición real y más efectiva de la representatividad en el mundo catalán de la empresa.

Felip Puig fue el primero en intentar poner en marcha este proceso. Publicó un septiembre de 2015 un decreto ley en el que pedía a Foment y Pimec que demostraran a cuántas empresas representaban y estableció un reparto provisional del poder al 50%. El TSJC anuló a principios de 2016 la medida, que no llegaba a abordar cuestiones como la doble representatividad ni definía cómo computaban en este censo las organizaciones gremiales o territoriales.

Acuerdo de las patronales

El Homrani cuenta a su favor con otra resolución judicial posterior que dice de forma clara que es la Generalitat la que tiene la potestad para llevar a cabo la medición. Sus allegados indican que espera evitar ser el político que defina el contexto y los detalles específicos del recuento. En esta pugna, confía en que sean las propias organizaciones las que se pongan de acuerdo.

Han sido los dos secretarios generales, Joan Pujol y Antonio Cañete, los que en esta ocasión se han reunido para desencallar el pacto entre patronales. No ha intervenido de forma tan directa Fepime, presidida por María Helena de Felipe. La presidente de la pequeña empresa que forma parte del universo patronal de Foment ha realizado en los últimos días un acercamiento al candidato a suceder a Gay de Montellà, el expolítico Josep Sánchez Llibre.

TSJC y Tribunal Supremo

Fue esta resolución la que inició el embrollo judicial que ahora se intenta finiquitar. Pimec rechaza que se admita de hecho el papel individualizado de Fepime. Alega que tanto la estructura administrativa como las empresas que forman parte de la patronal proceden de Foment del Treball. Ha llevado este argumento ante el Alto Tribunal catalán y el Tribunal Supremo, aunque hasta la fecha tampoco ha conseguido una sentencia que avale del todo sus tesis.

El enfrentamiento judicial vivido hasta la fecha sólo ha concluido que es la Generalitat la que tiene poder para medir la representatividad patronal. Y la Administración fuerza el pacto que le evite bajar al lodazal de la batalla histórica entre los empresarios en cada una de las dos patronales.