Tímidos pasos de la Generalitat hacia la T-Mobilitat

La T-Mobilitat es el nombre que se dio al proceso de digitalización del transporte público en 356 municipios catalanes. Un cambio que implicaba el fin de los títulos de cartón y que según las primeras proyecciones debería haber entrado en vigor en el ejercicio en curso. Como mínimo, en fase de pruebas piloto. Los retrasos acumulados han hecho añicos estas previsiones y la Generalitat se ha limitado a dar tímidos pasos hacia el nuevo sistema organizativo. Como el que ha dado esta semana.

La Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM), cuyo 51% está bajo el control del Gobierno catalán, ha dado forma al “sistema de habilitación para ser proveedor o fabricante de terminales de interacción con el usuario (TIU)”. Es decir, abre el proceso para habilitar a las compañías que se encargarán de fabricar las futuras tarjetas contact less y los tornos de acceso a las estaciones de metro o tren y sistemas para validar la entrada al autobús o tranvía.

Acreditación de empresas

El sistema que se prepara contempla las especificidades de cada tipología de transporte público. Por lo que se deberán contar con varios fabricantes para la nueva red de movilidad. Todos los que quieran participar en los procesos de concurrencia pública que se abran a posteriori deberán formar parte de esta lista inicial de entidades acreditadas para ello.

Fuentes conocedoras del proceso indican que se trata de un sistema habitual en la contratación pública de Cataluña. Se avanza en la validación de las características previas de las compañías. Cuestión capital, según apuntan, en la definición de un nuevo Sistema Tarifario Integrado (STI) que no se explotará en régimen de exclusividad.

Cambios de Gobierno

Desde la ATM indican que estará referenciado a un “sistema tecnológico robusto que garantiza la interoperatividad, transparencia, eficiencia y fiabilidad del sistema en cualquier de sus ámbitos de gestión”. La máxima está clara. Queda pendiente darle forma.

Los sindicatos implicados en el proceso señalan que los avances en la T-Mobilitat han sido especialmente escasos en lo que llevamos de 2018. El cambio de Gobierno catalán dilató la convocatoria de los concursos públicos necesarios para desarrollar el cambio en el proceso de movilidad. Y no descartan que un nuevo avance en la convocatoria de elecciones autonómica dilate aún más el calendario previsto.

Puesta en marcha en 2020

Si todo sigue el curso de lo previsto, los representantes de los trabajadores contemplan que las pruebas piloto de los títulos digitalizados se iniciarán en el tramo final de 2019. Aunque los más pesimistas apuntan a que se realizarán en el primer trimestre de 2020.  

Recuerdan que el anuncio de la T-Mobilitat se hizo en 2013. Seis años más tarde, el proyecto sigue en desarrollo. Entre los atrasos que se identifican también está el papel de BComú. El partido de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, mostró sus reticencias con las empresas concesionarias del proyecto, a las que acusó de falta de transparencia y opacidad. Por lo que revisó a fondo los convenios firmados y aplicó “cambios mínimos”, según los representantes de los trabajadores, que han ampliado el calendario.

Debate sobre el sistema tarifario

Más allá de la falta de iniciativas consecutivas, los sindicatos exigen que se abra un debate sobre el sistema tarifario al que se quiere llegar. Se advierte de que los cambios avanzados, como la unificación de la primera y la segunda corona urbana de Barcelona que avanzó Crónica Global en marzo, pueden “incrementar el actual déficit de tarifa”.

Por lo que se requiere información sobre qué iniciativas se quieren poner en marcha para evitar que el pasivo comprometa, por ejemplo, el programa de inversiones de la ATM. Además, se recuerda que la intención inicial de la T-Mobilitat era premiar a los que más usaran los títulos de transporte público con descuentos más acusados que los clientes puntuales de transporte público. Otra de las máximas del nuevo sistema tarifario que se ha apuntado pero que está pendiente de desarrollar.

Los representantes de los trabajadores denuncian la falta de transparencia de un proceso de transformación tecnológica que ya debería haber concluido.