La Agencia Catalana del Agua (ACA) ha rizado el rizo en la resolución del caso ATLL. La empresa pública de la Generalitat ha aplazado hasta 2019 dar solución a una de las derivadas de que el Tribunal Supremo anulase --hace cinco meses-- la concesión del servicio de agua en alta en Barcelona y su ámbito de influencia a una sociedad controlada por Acciona, la del tarifazo.

Es decir, el incremento del 11,88% del precio del agua potable que abastece a cinco millones de catalanes y que el grupo de los Entrecanales aprobó a finales de diciembre. La medida ya levantó polvareda en ese momento. Es una de las revalorizaciones del coste del servicio más alta en los seis años en los que Acciona lo ha pilotado. Además, se aplicó cuando todas las partes implicadas en la llamada guerra del agua en Cataluña sabían que los magistrados del Supremo iban a resolver la pugna judicial en cuestión de semanas.

Quién paga el sobrecoste

La ACA alegó en ese momento que no lo podía frenar por la vigencia del artículo 155, ya que nadie de la consejería de Territorio quería tomar el compromiso político que implicaba la decisión. Con el municipalismo y las gestoras en baja --la otra parte del ciclo del agua-- en contra, la compañía dirigida por Jordi Agustí decidió en el consejo de administración de abril dar marcha atrás al incremento de tarifa. Pero la rebaja aún no se ha aplicado. Acciona aún cobra el agua en Cataluña con el 11,88% de sobrecoste.

Son las empresas concesionarias del servicio (de gestión pública, mixta o privadas), las que han asumido el grueso de la subida. El Área Metropolitana de Barcelona y la inmensa mayoría de los ayuntamientos afectados por el tarifazo decidieron no trasladar a la factura final de los usuarios lo que debían pagar de más por comprar el agua que llega a las plantas potabilizadoras.

Acciona factura el recurso más caro y las explotadoras de la red en baja, la que llega hasta los domicilios privados y factorías, lo han devengado con el compromiso de la administración pública de un ajuste posterior. Cuestión que ha tensionado las cuentas de estos grupos, especialmente los de menor tamaño.

Detalles técnicos y jurídicos

La única empresa que ha reconocido hasta la fecha el sobrecoste abonado a Acciona por el agua de ATLL es la mixta metropolitana. Aguas de Barcelona ha pagado 800.000 euros de más por el tarifazo en el primer semestre, cifra que incrementa cada mes.

Oficialmente, aunque la decisión de anularlo de la ACA es firme, ni esta sociedad ni la consejería de Territorio han publicado los detalles técnicos y jurídicos que deben marcar cómo se realiza la devolución. El titular del departamento, Damià Calvet, publicó hace una semana el decreto en el que se decía que la tarifa de ATLL de 2018 pasaba a ser la de 2017. De nuevo, sin el esquema sobre el procedimiento que se debe seguir. Según los portavoces de la conselleria, se trata de una responsabilidad de la compañía dirigida por Agustí.

Revisión de tarifa de 2019

Los portavoces de la ACA indican que se “revertirá en la revisión tarifaria de 2019”. Es decir, se retornará los sobrecostes a las concesionarias de agua en baja a partir del próximo año. Relatan que lo que se ha pagado de más se convertirá en una especie de colchón financiero del que se restará el coste del servicio de forma mensual.

Las fuentes legales consultadas apunta a un nuevo problema jurídico para la Generalitat del caso ATLL con este plan. Señalan un cambio importante que tendrá lugar el próximo enero. Acciona pasará el testigo a una nueva sociedad pública que se encargará de la gestión del agua en alta, una empresa que Calvet ha denominado Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (ATL).

¿Quién devuelve el 11,88%?

Con el plan actual, apuntan a que serían las arcas públicas las que asumirían la devolución del tarifazo del ejercicio en curso. Pero quien se habría beneficiado de la subida sería la filial de Acciona.

Por ello, se advierte que, a los 308 millones de euros que los Entrecanales quieren percibir de indemnización del caso ATLL se debería restar la totalidad de haber facturado el agua un 11,88% más cara a cinco millones de catalanes. Si no fuera así, se advierte de que se abriría un nuevo frente judicial en la guerra del agua en Cataluña. La Generalitat se ha dado por ahora seis meses más para resolver los problemas que se han acumulado durante seis años en esta polémica concesión.