Quién es quién en el ‘caso ATLL’

Y en mitad del procés y con la política catalana paralizada, una nueva fuga de agua en Cataluña: el Supremo ratifica la anulación de la concesión de ATLL a Acciona. Lo que ocurra a partir de ahora está por definir. ¿Volverá la compañía de agua a manos públicas? ¿Tendrá que devolver Cataluña el dinero de la privatización? Pero sí hay algo claro, y son los nombres de los responsables de esta situación.

Artur Mas (Barcelona, 1956) era el líder de CiU y presidía el gobierno catalán cuando ocurrió todo. El equipo de gobierno del que fuera conseller con Jordi Pujol ideó una estrategia con la que reducir el déficit de la Generalitat en 1.000 millones a las puertas de las elecciones del 25 de noviembre de 2012. Eran los peores años de la crisis y el Govern necesitaba liquidez sin ser impopular, por lo que decidió desprenderse de una parte de las infraestructuras públicas y de los servicios asociados.

Entre Economía y Territorio

Entre las medidas constaban las privatizaciones de los túneles del Cadí y Vallvidrera y, sobre todo, la de ATLL a cambio de 995,5 millones de euros, de los que tenía que cobrar 295,5 millones en el momento de la firma. Se usaron para pagar nóminas. Fue el consejero de Economía Andreu Mas-Colell (Barcelona, 1944) quien planificó los ajustes presupuestarios y la privatización más importante de la democracia en Cataluña.

Mas-Colell dejó la privatización de ATLL, entonces dirigido por el abogado Lluís Recoder (Barcelona, 1958), que para ello había renunciado a la alcaldía de Sant Cugat del Vallès. Aterrizó luego en la consultora KPMG. Mas-Colell solo puso una condición: que se hiciese antes del 31 de diciembre del 2012. Posteriormente, frenó la marcha atrás exigida por los tribunales. Necesitaba el dinero.

La firma del secretario

Recoder hizo la plica de condiciones, que favorecían a Acciona, poco bregada en el sector del agua. Y firmó un documento por el que declaraba secreta la oferta de la empresa de los Entrecanales en la licitación. Tanto la parte técnica como la económica. Lo nunca visto. No obstante, fue su secretario, Pau Villòria (Barcelona, 1962), el encargado de rubricar la adjudicación. Ello se produjo el 27 de diciembre de 2012, después de que Recoder anunciara que no integraría el nuevo Govern.

Leonard Carcolé (Barcelona, 1959) fue quien pilotó la operación. Llegó a la presidencia de la Agencia Catalana del Agua (ACA), dependiente de Territorio, después de pasar por el Grupo Agbar. Y presidió ATLL hasta la venta a Acciona. Cercano a Recoder, tanteó el mercado para conocer la acogida que tendría la privatización. Dimitió poco después de la salida de Recoder del Govern.

Gallo lo tumba

Joan Pinyol era el gerente de la ACA, y uno de los hombres de confianza de Recoder en esta operación. Era el vocal del consejo de administración de ATLL desde la privatización. Ahora dirige el área de Medio Ambiente de la Autoridad Metropolitana de Barcelona, órgano que trata la remunicipalización del agua en Barcelona.

Juan Antonio Gallo (Barcelona, 1972) era el dirigente de lo que hoy se conoce como el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (antigua Oarcc), órgano independiente bajo el paraguas de Presidencia. A él acudió Agbar, el otro grupo que aspiraba a la concesión, para recurrir la operación. Y la tumbó. Argumentó que Acciona había incumplido el requisito del calendario de obras; por tanto, había que volver a los inicios y, en ese caso, Agbar sería la adjudicataria. Nadie hizo caso. Para colmo, el gobierno de Puigdemont lo relevó por incómodo en 2017.

Los 'herederos'

Santi Vila (Granollers, 1973). Sucesor de Recoder en Territorio, heredó la conocida como guerra del agua. Constituyó en 2014 la mesa de acción para determinar si se anulaba la concesión. Pero nunca ejecutó las resoluciones que la tumbaban y, apoyado en Mas-Colell (no había dinero para dar marcha atrás), tiró hacia delante. Del mismo modo actuó el sucesor de Vila, Josep Rull (Terrassa, 1968).

Los Rodés y los Godia-Torreblanca, dos familias de la burguesía catalana cercanas a Mas y a Convergència, se unieron al consorcio de Acciona con participaciones minoritarias, del 5% cada una. También participó en el mismo el banco de inversión BTG Pactual, aunque los Entrecanales le compraron su parte tras el escándalo de corrupción en Brasil de su presidente, André Esteves (Río de Janeiro, 1968).

Y todo ello no se entiende tampoco sin la gestión del presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales (Madrid, 1963), quien ganó la adjudicación que ahora el Supremo ha anulado.