El Supremo avala que haya una licencia de VTC por cada 30 taxis

El Tribunal Supremo avala la proporción de una licencia de vehículos de alquiler con conductor (VTC) por cada 30 licencias de taxi, una limitación vigente desde 2015 para los casos en los que este límite sea necesario y proporcional “como forma de garantizar el equilibro” entre estas modalidades de transporte.

En cualquier caso, admite que la Administración no ha ofrecido una justificación razonada a esas cifras, pero considera que es “ajustada a derecho y no discriminatoria”, ya que los recurrentes tampoco han planteado una posible alternativa a la misma, y además se trata de un límite máximo y que puede ser rebajado por las administraciones competentes, permitiendo que haya más de una licencia VTC por cada 30.

No a la flota mínima de siete vehículos

La decisión dice así: “Una vez admitida la justificación de preservar un equilibrio entre las dos modalidades de transporte urbano a fin de asegurar una modalidad como la del taxi, la previsión de una proporción entre el número de licencias es sin duda medida idónea y proporcionada, sin que parezca fácil arbitrar una medida alternativa que pudiera ser menos restrictiva ni corresponda hacerlo en esta sala”.

En la sentencia, la sala de lo contencioso-administrativo apoya también la exigencia a las empresas de VTC de que desarrollen el 80% de sus servicios en la comunidad autónoma donde está domiciliada la autorización. Finalmente, el tribunal da la razón a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y a las plataformas Uber y Unauto, anulando la obligación de disponer de una flota mínima de siete vehículos.

Visiones contrapuestas

En su recurso, la CNMC pedía la nulidad de tres preceptos del real decreto de 2015 al considerar que colocaba barreras que limitan la entrada y la capacidad de competir de los VTC, reduce la competencia en el transporte urbano de viajeros con conductor y afecta negativamente a los precios, la calidad y el bienestar general.

Durante la vista Uber y Cabify, como intermediarias entre usuarios y vehículos VTC, y la patronal de VTC, Unauto, entregaron y explicaron sus alegaciones ante el alto tribunal. En la otra parte, Fomento, Comunidad de Madrid y el ayuntamiento de la capital defendieron los postulados de aquel real decreto, en una causa en la que se han personado también la Gremial del Taxi, Élite Taxi y Fedetaxi, así como organizaciones del colectivo de taxistas.