Sol Daurella en la presentación de la nueva planta de Cacaolat en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) con la cúpula de la Generalitat y el Ayuntamiento en 2012 / CG

Sol Daurella en la presentación de la nueva planta de Cacaolat en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) con la cúpula de la Generalitat y el Ayuntamiento en 2012 / CG

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El plan para reflotar Cacaolat que llevará a su directiva a los tribunales

La oferta inicial incluía una hoja de ruta para sacar adelante la planta de Zaragoza que nunca se llevó a cabo y lleva a su cúpula ante los jueces

14 abril, 2018 00:00

El Juzgado de lo Mecantil número 6 de Barcelona adjudicaba a finales de 2011 el grupo Cacaolat a Cobega, Damm y Victory Turnaroun. La unión de empresas que el titular de la sala, Francisco Javier Fernández, consideró que había presentado un plan de futuro más estable y positivo para la compañía. Pero el presunto incumplimiento de sus promesas para reflotar el negocio radicado en Zaragoza ha propiciado la apertura de un juicio oral contra la alta dirección de la productora de batidos.

La sección sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza, la sala de apelación que ha revocado el archivo de la causa, detalla cuáles eran las acciones que se habían previsto para continuar la actividad en la planta lechera de la capital de Aragón. Medidas sobre las que existen indicios de que sólo se tuvieron en cuenta sobre el papel, la denuncia sindical que ha llevado a la apertura del juicio oral.

Incremento de producción previsto

Entre las principales actuaciones previstas, se hablaba del “traslado a la planta de Zaragoza de la línea de producto pasteurizado”, tal y como indica el auto al que ha tenido acceso Crónica Global. “Se recuperará progresivamente y potenciará el negocio de leche condensada, se continuará con la producción de briks de batidos, pondremos de nuevo en marcha el negocio de leche UHT y trasladaremos la fabricación de leche fresca”.

Un incremento de producción que facilitaría la reincorporación de los 56 empleados de la antigua planta de Clesa. La plantilla que se quedó en la calle tras el expediente de regulación de empleo (ERE) que presentó Nueva Rumasa cuando los Ruíz Mateos volvieron a quebrar su conglomerado industrial.

Inversión prometida

Cobega, Damm y Victory prometieron destinar cuatro millones de euros para reflotar la actividad en Zaragoza mediante la mejora de procesos y la automatización de instalaciones. “Hoy puede decirse que no se produjo la mayor parte de la inversión”, afirma la audiencia, “y esto viene a ser reconocido por los propios investigados”.

Desde la lógica empresarial, carecía de sentido movilizar este capital por la escasa actividad que tenía la planta. Básicamente, por la pérdida de su principal cliente: Mercadona.

Incumplimiento de la oferta

Argumentos que el alto tribunal considera comprensibles “en abstracto” pero que los responsables del plan industrial que se presentó en el proceso de liquidación de Cacaolat debían conocer de antemano. “Por lo que ese plan de inversiones se sabría previamente que era inviable”, apunta el auto. “Debió sopesarse al hacer la oferta, no después como se pretende hacer creer ahora”.

“A los efectos de este momento procesal, lo que resulta indiciario es que se elaboró una oferta de adjudicación, meridianamente clara, que no se cumplió, porque ya en su momento se sabía que ello era imposible”, concluye.

Esfuerzos financieros

Sí que se hicieron “esfuerzos financieros”. Los nuevos dueños de Cacaolat pagaron los gastos de personal atrasados y las deudas con la Administración, que ascendían a 4,3 millones. Igual que las cargas hipotecarias que culminaron con el pago a Promotoria Holding 36 BV otros 3,75 millones. Cantidades que, según el análisis inicial de la Audiencia de Zaragoza, “no forman parte de la inversión de cuatro millones prevista en el plan o proyecto industrial”.

La cúpula de Cacaolat, encabezada por Sol Daurella, la empresaria que controla la embotelladora de Coca-Cola desde Londres, deberán responder ante el juez. Son acusados de los delitos de estafa procesal agravada, administración desleal y contra los derechos de los trabajadores.