Anticorrupción pide el ingreso en prisión sin fianza para los hijos de Ruiz-Mateos

Nuevo frente abierto contra los hijos de José María Ruiz-Mateos. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado su ingreso en prisión comunicada y sin fianza tras haber sido recientemente condenados por la Audiencia Provincial de Baleares a un total de 37 años y once meses de cárcel a raíz de la adquisición, mediante avales inveraces, de sendos hoteles en Mallorca y Gran Canaria. Además, los hipotecaron cuando los compraron para evitar que los iniciales propietarios pudieran reclamarlos de nuevo.

Los vástagos del fundador de Nueva Rumasa podrían así ser privados de libertad en breve si el tribunal acepta la solicitud del ministerio público. Frente al tren de vida austero y las dificultades económicas de la que hacen gala los descendientes de Ruiz-Mateos, la Fiscalía no tiene dudas y apunta al elevado riesgo de fuga en la que, barrunta, podrían incurrir los acusados.

Dinero en el extranjero

Cuatro de los seis acusados han acudido este lunes a la Audiencia Provincial de Baleares --los otros dos cumplen otras condenas en la cárcel y han comparecido por videoconferencia-- para escuchar los alegatos del fiscal Juan Carrau. Ha sido en una vista de medidas cautelares que se ha prolongado durante algo más de una hora donde la acusación ha remarcado tajante que los Ruiz-Mateos podrían sustraerse de la acción de la justicia si continúan en libertad. Sostiene que aprovecharían las grandes cantidades de dinero de las que disponen en el extranjero. 

La medida afecta incluso a los dos hermanos que ya están en prisión. El fiscal asevera que estos cuentan con permisos penitenciarios y podrían aprovechar las salidas para eludir su responsabilidad. Es más, subraya que sobre los seis procesados --Zoilo, Javier, José María, Alfonso, Pablo y Álvaro--pesan peticiones que se elevan a hasta 26 años de cárcel, tanto por causas tramitadas en la Audiencia Nacional como por las que han sido instruidas en Baleares.

Cuatro casos de corrupción en Baleares

Y es que su paso por las islas durante los últimos años para ampliar sus negocios hoteleros les ha jugado una mala pasada. Se encuentran encausados en hasta un total de cuatro casos de corrupción --entre ellos, el procedimiento por el que ahora se les pide ingresar en prisión--. La Fiscalía reclama hasta seis años de cárcel para cada uno de ellos por estafar, a través de diversas artimañas, un total de 13,9 millones de euros en la compra de un conocido hotel ubicado en Calas de Mallorca.

Al igual que en la anterior causa, los hermanos, junto a su padre --fallecido en septiembre de 2015--, aparentaron una solvencia en realidad inexistente al frente de Nueva Rumasa. La acusación pública solicita además una multa de 54.000 euros y que indemnicen a quién les vendió el establecimiento hotelero, Inversiones Grupo Miralles, con el dinero defraudado de los 23,6 millones en los que se cerró la operación.

También se enfrentan en otro procedimiento a una petición de cuatro años por no hacer frente al pago del impuesto de transmisiones patrimoniales que debían abonar por la compra del hotel Beverly Playa, en Calvià (Mallorca). A esta solicitud se suma la del pago de 9,5 millones de multa.

Finalmente, se encuentran investigados por otra supuesta estafa, en este caso de unos doce millones de euros, por la compra de la totalidad de acciones de la sociedad Hoteles Costa Oriental, propietaria del hotel Samoa, en Calas de Mallorca.

Episodios polémicos en Palma

En cuanto al fundador del imperio de la abeja, su responsabilidad penal en estos casos quedó extinguida tras su fallecimiento. Atrás dejó episodios rodeados de polémica cuando visitaba Palma, mientras que en otras ocasiones llegó incluso a no acudir a sus llamamientos judiciales aduciendo despiste o enfermedad.

En una de sus incursiones a los juzgados de la capital balear, el empresario proclamó a gritos que a los jueces se los pasa "por los huevos", asegurando no arrepentirse de nada puesto que siempre ha trabajado "por los demás". Finalmente, fue detenido y puesto a disposición de la jueza instructora, ante la que se negó a declarar.