Los dueños del grupo hotelero Hesperia desmontan una de sus sicav
La familia Castro Sousa transforma en sociedad limitada Inbarsave, una firma de inversión cotizada con 24 millones de euros en acciones
9 noviembre, 2017 00:00La familia Castro Sousa, dueña del grupo hotelero e inversor Hesperia, ha desmontado una de las sociedades de inversión colectiva que estaban en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Ha excluido del selectivo español Inbarsave Sicav, una firma que se había constituido a finales de 2005 y que contaba con cuatro millones de acciones en el parqué de Barcelona con un valor nominal de 6,01 euros.
Intermediada por Banco Mediolanum, el grupo la ha transformado en una sociedad limitada. Así lo decidieron los tres hermanos Castro Sousa en una junta de accionistas extraordinaria celebrada el pasado 13 de junio, aunque no se ha hecho pública hasta esta mitad del año.
Reducción del capital base
La nueva compañía tiene un capital social de algo más de tres millones de euros. Además del líquido que se ha recuperado del MAB, la operación se ha instrumentado con una reducción de los fondos propios de la compañía por valor de 600.800 euros.
También ha implicado cambios en la estructura de la sociedad. Si bien hasta la fecha estaban representados en la sicav los tres hermanos Castro Sousa --José Antonio, José Alejandro y Sara--, el grupo resultante de la exclusión estará controlado sólo por el actual presidente de Hesperia, José Antonio. Se ha incorporado en el entramado societario en el que se organiza el gigante de inversión hotelero.
La firma estará controlada por la sociedad Eurofondo SA, de la que es dueño de forma exclusiva José Antonio Castro. Ambas compañías están radicadas en uno de los activos más emblemáticos de la empresa, el establecimiento NH Barcelona Tower, situado en el término municipal de L'Hospitalet de Llobregat.
Consecuencias de la gestión de Bankpime e Ipme
El dueño del grupo Hesperia es un constructor y hotelero gallego-catalán con un pasado polémico por su gestión en Bankpime, que se transformó en Ipme tras vender su negocio financiero a Caixabank en 2011. Fue condenado al pago de 22,5 millones en 2015 por vaciar de forma ilegítima las arcas de esta compañía mediante una red de empresas de su propiedad a las que la entidad prestó dinero y nunca se devolvió. Tuvo que vender también a Caixabank la gestora de fondos y se quedó con la administración de los activos inmobiliarios.
También pesa sobre él una posible inhabilitación de siete años por estos tejemanejes en la entidad. Mientras ha evolucionado esta causa mercantil, se ha centrado en ampliar el negocio hotelero que se gestiona desde el grupo inversor familiar.