El Ayuntamiento de Barcelona competirá contra sí mismo con la futura funeraria municipal. El Gobierno local creará un nuevo operador público pese a que mantiene un 15% en la firma pública Serveis Funeraris de Barcelona (SFB), y a que Eloi Badia, concejal de Presidencia, se sienta en el consejo de administración de esta empresa.
El edil ocupó la silla del gobierno corporativo por última vez en una reunión la pasada semana. Ello no fue óbice para que Badia continúe diseñando una sociedad que competirá con la firma cuyos intereses, en teoría, él defiende.
"Es una situación kafkiana. El consistorio está creando una empresa funeraria que competirá contra la propia firma municipal que se ocupa de este servicio. Roza la deslealtad", han criticado voces del sector funerario catalán.
Aprobación en abril
Preguntada por la cuestión, una portavoz municipal ha admitido que la nueva sociedad pública se aprobará en el pleno del próximo 28 de abril.
La misma representante ha agregado que la necesaria actualización de las ordenanzas funerarias y de cementerios se ha aprobado inicialmente en comisión. "Volverán a ser debatidas en este foro, para luego ser aprobadas en el plenario municipal", ha recordado.
Inquirida sobre la posibilidad de que el ayuntamiento recompre a su socio privado Mémora el 85% de Serveis Funeraris de Barcelona, la misma fuente ha descartado la opción por ser "completamente inviable por un motivo económico".
"Operación política"
Precisamente, los 300 trabajadores de SFB y el centenar de empleados de Cementiris de Barcelona defienden esta opción.
"¿Para qué quiere Barcelona una nueva empresa de servicios funerarios si ya tiene participación en una compañía semipública? Que recompre la parte que le falta", ha defendido Octavi Vidal, presidente del comité de empresa de la mercantil.
"La nueva funeraria apenas tendrá poder para alterar los precios del mercado. En Barcelona hay 29 salas de vela. El tanatorio municipal tendrá 6. Con esas cifras no se notará nada", ha abundado el activista.
Cementiris como germen
Cabe recordar que el concejal de Presidencia, Eloi Badia, anunció el proyecto de creación de una nueva funeraria pública en noviembre de 2016. El electo añadió entonces que el operador "rebajaría los precios de los entierros un 30%".
Posteriormente, la corporación fijó el precio del servicio medio en una horquilla de 2.400 euros a 4.700 euros. La cifra fue contestada por el sector recientemente, cuando varias enseñas recordaron que el coste ha descendido, y que apenas un 20% de barceloneses acaba pagando su entierro.
La iniciativa está topando con otras dificultades. El equipo de gobierno de BComú y PSC pretende que la mercantil nazca de una sociedad ya existente: Cementiris de Barcelona. Para ello debe actualizar los estatutos de la empresa para ampliar su objeto social.
"El plan ha topado con dos obstáculos. Por un lado, el encaje de una nueva sociedad de capital público con las leyes de racionalidad en el gasto municipal. Por el otro, la avalancha de alegaciones contra el proyecto", han apostillado fuentes del sector.