El sector funerario duda de la eficacia de la nueva empresa pública de Barcelona

Consenso casi total. La industria funeraria española duda de la nueva empresa municipal que gestionará el ciclo de la muerte en Barcelona. El operador 100% público se enfrentará a un via crucis para ser rentable. Más dudas si cabe despierta la promesa del ayuntamiento de que los servicios de esta sociedad municipal serán hasta un 30% más baratos.

"No se pueden lanzar promesas que luego no se cumplen. El negocio funerario no es un cártel: los precios los fija el mercado. Cuando Manuela Carmena creó la Empresa Municipal de Servicios Funerarios (EMSF) en Madrid también se dijo que iban a bajar los precios. ¿El resultado? El coste no ha descendido ni un solo euro", recuerda Juan José López, vicepresidente de Panasef, patronal mayoritaria del sector.

En la cuestión de los precios de los entierros, el directivo rompe mitos. "Contrariamente a lo que se cree, el sector funerario está muy liberalizado. Se abrió a la competencia en 1996. Desde entonces han entrado todo tipo de operadores: públicos, privados y mixtos. El resultado es que los precios se autoregulan", agrega López. 

Velatorio limitado

En este escenario operará la nueva funeraria tutelada por el gobierno de BComú y PSC en Barcelona. ¿Será viable? "Depende. El negocio funerario tiene un techo: el número de muertes. Quien lo haga mejor se llevará la mayor parte del mercado", agrega otro directivo consultado por este medio.

En cualquier caso, la sociedad se enfrentará a una dificultad. "La infraestructura. La funeraria anunciada tendrá sólo un velatorio. ¿Podrá utilizar los otros cuatro privados? No podrá si las empresas no acceden. Ello depende de una ley superior, la catalana, que no sabemos cuándo se modificará", agrega la misma fuente.

Así, sin el plácet de la Generalitat, el tanatorio pagado con dinero público se enfrentará a una limitación geográfica. "Si alguien muere en Les Corts, ¿querrá su familia velarlo en la otra punta de la ciudad?", se pregunta.

En la rueda de prensa del viernes, el teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, confirmó que es el Gobierno catalán el que debe cambiar la ley para abrir las salas de vela de los tanatorios operados de forma privada a los rivales.

Dos tipos de muertos

Este cortapisa tiene otra lectura, que aporta el personal de Serveis Funeraris de Barcelona (Sfb). "La funeraria pública aspira a hacer servicios a coste menor para los barceloneses. Pero si se dedica a las personas con menos recursos, ¿significa ello que habrá dos tipos de servicio, el público, muy básico, y el privado, de más calidad?", inquiere Octavi Vidal, presidente del comité de empresa de Sfb.

El empleado también plantea el porqué de crear un operador público paralelo "sin que tenga un tanatorio ni emplazamiento para construirlo". Esta circunstancia, abunda, podría hacer menos atractiva a la nueva empresa. 

Inquietud de los 300 trabajadores

Las palabras de Vidal reflejan la corriente de inquietud en la empresa funeraria en la que hasta ahora participa el ayuntamiento con un 15%. El personal alerta de la posible "precarización y destrucción de puestos de trabajo sin ningún beneficio para la ciudadanía".

La plantilla, que componen unos 300 trabajadores, se reúne el lunes para trazar un plan de acción. "¿Hay gente que pide movilizarse? Sí, hay empleados que lo piden", agrega Vidal.

"Precios abajo"

Una lectura muy distinta hace José Luis Manzano, portavoz de la asociación Stop Abusos Funerarios. "Es una muy buena noticia para Barcelona. Con la entrada de competencia, los precios de los entierros deberían bajar en esta ciudad", sentencia.

El activista recuerda que procesos de remunicipalización similares se estudian en ciudades como L'Hospitalet de Llobregat o El Prat, ambas en Barcelona. "Se avanza hacia un modelo de más control público que acabe con un auténtico oligopolio", concluye.