Afectados por el IRPH esperan la sentencia del Tribunal Supremo sobre 'el otro engaño' de la banca

Más de un millón de familias están afectadas por el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH). Se trata de la segunda referencia hipotecaria más utilizada en España. Fue comercializada como un tipo de interés bajo y estable, pero en la práctica ha fluctuado tanto como el euríbor y con un valor más alto que éste.

El IRPH no es solo la nueva cruzada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Se han sumado a la campaña la Organizaciones de Consumidores y Usuarios (OCU) y la Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros (Adicae). Los afectados se han organizado desde las redes sociales pero más allá de internet, ya han ganado batallas simbólicas en los tribunales. Ahora esperan la respuesta del Tribunal Supremo.

Los problemas del IRPH

El IRPH fue concebido, en teoría, como la alternativa estable al euríbor. No se ha comportado como tal. Pero, en todo caso, el mayor problema no es solo su inestabilidad, sino en función de qué varia. Este índice que se calcula principalmente a partir del precio al que los bancos españoles se prestan el dinero entre sí. Es decir, el banco lo condiciona de forma inherente: es juez y parte interesada en las reglas del juego, siempre revisables.

El grupo de afectados por el IRPH ha cobrado en los últimos meses más fuerza que nunca, ya que las altas mensualidades han llevado al desahucio a algunas familias. “Pedimos que se declare nulo, que se devuelva lo cobrado de más a todas las familias y que no se sustituya por ningún otro tipo de referencia”, reivindica Flor Muzzio, desde la Comisión del IRPH de la PAH.

La OCU también ha lanzado una campaña. Bajo el lema “¿Tu hipoteca se revisa con el IRPH? #Movilízate contra el abuso” promueve una revisión del índice bancario. Con cálculos comparativos, evidencia que una hipoteca con el índice supone un pago de unos 150€ más al mes respecto a una hipoteca sujeta al euríbor.

Batalla legal

"La solución debería ser política y venir del Gobierno", explicó Muzzio. Pero por ahora, la batalla legal se libra a nivel autonómico. Desde la PAH, celebran que la directora de la Agencia Catalana del Consumo, Montserrat Ribera Puig, vaya a escuchar sus peticiones este mes, después de más de un año de espera. La portavoz de la PAH recuerda que presentaron una instancia a Consumo en noviembre de 2015 y que solo ahora, con la nueva directora, han recibido respuesta positiva. Fue gracias a que el Parlament de Catalunya dedicó una sesión de preguntas al tema del IRPH, según cuenta Muzzio.

En el País Vasco y Cataluña es donde se han ganado más batallas legales y diversos tribunales autonómicos han dado la razón a los afectados. Pero las sentencias solo son firmes en primera instancia, ya que los diferentes bancos afectados han recurrido al Tribunal Supremo, adonde se dirigen ahora todas las miradas.

Europa: el apoyo que no fue

El Parlamento Europeo ha instado al Gobierno español a dejar de utilizar el IRPH. No existe un índice comparable vigente en ningún país de la Unión Europea. La desigualdad se pudo corregir en abril del 2015 en el Parlamento Europeo. Portavoces de la plataforma contra el IRPH pidieron en Estrasburgo que la cláusula fuera declarada nula de acuerdo con la normativa europea sobre protección del consumidor.

Pero los grupos parlamentarios españoles en Europa no se pusieron de acuerdo. PNV, UpyD, Podemos y Bildu votaron en contra; PP, Ciudadanos, CDC y Unió, a favor; PSOE se abstuvo. En consecuencia, el IRPH es “un tipo oficial y su contratación es perfectamente legal y depende de cada entidad la comercialización de préstamos con este índice”, recuerda la Asociación Española de Banca (AEB).

Voluntad negociadora

“Hasta que no haya sentencias firmes, dependemos de la voluntad de los bancos”, señala el miembro de la PAH, Jordi Claret. Y “los bancos son receptivos a escuchar a los clientes”, subrayan desde la AEB. Una voluntad de negociar que se ha comenzado a implantar, reconocen los afectados. Aún es legal pero ha dejado de estar socialmente aceptado, algo que los bancos deberán incorporar a su estrategia de marca. También en esto prima la competencia entre entidades.