Cinco años y diez meses de cárcel para el expatrón del metal de Cataluña

La Audiencia de Barcelona ha condenado a cinco años y diez meses de cárcel al que fue durante seis años el patrón de los empresarios del metal en Cataluña, Antoni Marsal, al considerar probado que se apropió de forma indebida de fondos de la organización destinados a cursos de formación. El ejecutivo deberá desembolsar 1,12 millones de euros para pagar una multa y una indemnización a la Unión Patronal Metalúrgica (UPM) de 382.400 y 745.045 euros, respectivamente.

La condena incluye los delitos de falsedad en documento mercantil, por lo que Marsal deberá pasar dos años y 10 meses en la cárcel; y apropiación indebida, por los que pagará una pena de otros tres años en prisión. Además, el tribunal le prohíbe durante seis años pedir subvenciones y ayudas públicas, gozar de beneficios fiscales y de la seguridad social del país.

Pena menor y absolución para el resto de los acusados

Ángel Hermosilla, director general de la patronal catalana del metal entre 2007 y 2012, también ha sido condenado por la Audiencia. En su caso no deberá entrar en la cárcel si no tiene antecedentes porqué la pena es menor: siete meses de prisión y 2.100 euros de multa por un delito de falsedad en documento mercantil.

El Alto Tribunal considera que fue Marsal el que orquestó un sistema para desviar fondos de la patronal con “intención de obtener beneficio patrimonial” mediante facturas falsas que se abonaban a una sociedad a su nombre. Absuelve al resto de acusados en el proceso, todos trabajadores de UPM: Magdalena Grau, responsable del departamento de formación; Cristina López, responsable de administración y Ángel Blesa, contable.

Un fraude de 380.000 euros

La Audiencia señala que la patronal obtuvo subvenciones para cursos del Estado y de la Generalitat y parte de este dinero se ha “utilizado para el beneficio personal de aquellos que lo distrajeron y lo incorporaron a su propio patrimonio” mediante un “fraude y engaño”. Entre mayo de 2010 y marzo de 2012 consiguió que se efectuasen transferencias de la cuenta de la UPM a la suya por valor de 381.222,60 euros.

"En resumen, se ha utilizado un sistema público de ayudas para enriquecerse personalmente, lo que lesiona, además del patrimonio público, la eficacia y buen funcionamiento de las instituciones", sentencia.

Marsal o algún otro de los acusados puede recurrir la sentencia de la Audiencia de Barcelona.