El expatrono del metal, hundido en el banquillo de los acusados

El que fuera presidente de la Unión Patronal Metalúrgica (UPM) entre 2006 y 2012, Antoni Marsal Fábregas, ha respondido con evasivas y de forma inconexa a las decenas de preguntas que le ha formulado la fiscal de delitos económicos que le acusa de falsedad, malversación y apropiación indebida. Marsal, según la fiscalía, urdió una trama para desviar casi un millón de euros de la patronal que presidía y para ello “fabricó decenas de facturas falsas que justificarían el movimiento de capitales”.

Empresario entre rejas

El caso trascendió a causa de la querella que la misma patronal presentó contra Marsal pocas semanas después de que éste abandonase el cargo, en 2012. El juez de instrucción número 18 ordenó a la Guardia Civil la detención del empresario y, tras interrogarlo, ordenó su ingreso en prisión preventiva.

Ahora, Marsal, junto con el que fuera su hombre de confianza y director general de la patronal, Ángel Hermosilla, y otras cuatro personas se enfrentan a penas de casi 11 años de cárcel en un juicio que se ha iniciado en la sección sexta de la audiencia provincial de Barcelona.

Facturas falsas

La fiscal ha explicado ante la sala que “una parte del plan urdido por Marsal”  consistió “en la emisión de facturas de una empresa que era dirigida y controlada por el mismo Antoni Marsal en las que hacía constar  la prestación de unos servicios  que en realidad no se habían prestado”.

Marsal desvió, para su beneficio particular, dinero procedente de subvenciones a la UPM en concepto de cursos de formación. Estos, según la fiscalía, se llevaban a cabo “a través de la interposición de dos sociedades en las que una sociedad facturase a la otra y ésta a la patronal”.

Devolver el dinero robado

A lo largo de las primeras jornadas del juicio, se han puesto sobre la mesa las decenas de facturas sospechosas o directamente falsas utilizadas para perpetrar la apropiación.

La acusación pide, para los seis inculpados que forman la trama, el retorno del dinero sustraído al Ministerio de Trabajo y a la Generalitat en concepto de subvención para unos cursos que nunca se llevaron a cabo.