El Gobierno de Andorra se topa con las primeras denuncias por el nuevo 'corralito' de BPA

La resolución de Banca Privada de Andorra (BPA) ha propiciado un nuevo corralito en el Principado que ha terminado otra vez ante los tribunales. El Gobierno de Antoni Martí deberá lidiar con las primeras demandas contra la forma en la que ha empezado a operar Vall Banc, ya que unos 2.200 clientes de la entidad que desaparecerá se han encontrado con sus cuentas bloqueadas y sin solución ni a corto ni a medio plazo.

Se trata de los depositantes que no superaron el riguroso examen de PwC a los activos del banco. De todos ellos, existen sospechas de que los depósitos, créditos y activos fuera de balance de unos 925 clientes provenían del blanqueo de capitales internacional. Así lo afirmaron los auditores, antes de proceder a bloquear las cuentas y presentar ante los tribunales de Andorra, la Batllia, los primeros casos por si procede alguna sanción, según fuentes próximas a Vall Banc.

Primeras denuncias

Algunos de estos clientes se quejan porque aseguran que los criterios que usó PwC eran más estrictos que la legislación vigente en el Principado. Defienden haber cumplido las normas financieras al pie de la letra y que el origen de una transferencia no es motivo suficiente para incluirlos en la lista negra y cerrarles el grifo económico personal.

Se calcula que existen 925 cuentas afectadas que, entre todas, alcanzarían los 1.000 millones de euros. El 19% del negocio de la antigua BPA.

Falta de acreditación

Igual de preocupante es el caso de 1.300 depositantes que no acreditaron el origen de sus ahorros en el banco intervenido ante PwC y sus cuentas han quedado igualmente congeladas. La mayoría de los titulares son españoles y se cree que buena parte de ellos no han remitido la información ni al consultor ni a los gestores de Vall Banc porque se trata de capitales opacos al fisco que saldrían a la luz con el reconocimiento o, directamente, porque no han recibido los avisos de PwC.

Si no completan la información antes de que finalice el ejercicio perderán los fondos. Lo mismo ocurriría con los miembros de la lista negra. BPA se debe liquidar como sociedad y no puede quedar ningún remanente. A la Batllia se le acumulará el trabajo.