La gran patronal catalana hace una defensa a ultranza de la reforma laboral

La gran patronal catalana, Foment del Treball, ha hecho este lunes una defensa a ultranza de la reforma laboral. Con las conclusiones del IV Informe del Mercado Laboral y Negociación colectiva en la mano, el director de relaciones laborales y asuntos sociales de la organización, Javier Ibars, ha manifestado que sería “muy contraproducente” para la economía española que triunfaran “algunas opciones o explicaciones demagógicas que van en línea de cargarse los pocos mecanismos de flexibilidad laboral que existen en el país” y que se introdujeron, precisamente, con la norma que está en el punto de mira de sindicatos y los partidos políticos de la izquierda.

Ibars ha indicado que el nuevo marco de relaciones laborales impulsado por el PP fue básico para que, en un momento de crisis y recesión, se pusieran sobre la mesa los elementos necesarios para cambiar una realidad del país: “Antes solo se creaba ocupación cuando el PIB crecía a un ritmo entre el 2% y el 2,5%, ahora se da con expansiones del entorno del 1%”.

También ha reconocido que la reforma laboral no era la única medida que propició el cambio, pero sí el elemento catalizador.

Negociar los cambios

“No nos da miedo que se plantee una derogación”, ha añadido la presidenta de la comisión laboral y de recursos humanos de Foment del Treball, María Ángeles Tejada. Lo único que pide la patronal catalana es que cualquier opción en este sentido se aborde “desde el diálogo”. “Es un hecho que la norma ha creado empleo y ocupación, pero hay flecos que se deben pulir y que se pueden abordar mediante una negociación”, ha añadido.

Aunque las pretensiones de la patronal adscrita a CEOE van en línea opuesta a las que solicitaron CCOO y UGT el domingo, en la manifestación del 1 de mayo. Foment ha propuesto revisar la norma para marcar de forma clara en qué supuestos se pueden aplicar, por ejemplo, despidos colectivos que eviten que sea un tribunal el que elija finalmente la validez o no de un expediente de regulación de empleo (ERE). Otra medida en este sentido es la petición de menos burocracia para iniciar una reestructuración en un centro.

Cambios en la tipología de ERE

Otro de los triunfos de la reforma laboral que reivindica la patronal es el cambio en las tipologías de ERE aplicados en los últimos años. Mientras que en 2007 el 60,41% de las regulaciones abordaron la eliminación de empleos, en los tres primeros meses de este año solo el 19,5% de ellos incluía despidos. En todo 2015 alcanzaron el 20,2% y en el ejercicio anterior, uno de los más duros de la crisis, se redujo hasta el 13,96%.

“Cuando a las empresas se le ofrecen los mecanismos de flexibilidad necesarios optan por ellos antes de despedir a alguien”, ha indicado Ibars. “En Cataluña y en España ya existen unas políticas de contratación suficientemente rígidas, no podemos suprimir los pocos mecanismos de flexibilidad que existen”, ha sentenciado.

Retribuciones y productividad

En cuanto a otras modificaciones legislativas que se deberían empezar a debatir en España, Foment plantea la necesidad de que todos los convenios que se aprueben apuesten por la retribución vinculada a la productividad. También propone la equiparación de los gastos de cotizaciones sociales y de despido entre los contratos temporales y los indefinidos, una medida positiva para terminar con la dualidad del mercado laboral.

Finamente, la patronal catalana quiere que en los planes de acceso a la Formación Profesional y las carreras universitarias se fomenten los estudios que serán más solicitados en el mercado laboral del futuro. Es decir, formación de carácter tecnológico, las ingenierías y las matemáticas. También alerta de que se está planteando de forma errónea el acceso a los másters y postgrados. “No se deberían estudiar al finalizar la carrera, se deberían empezar más tarde y para completar la formación tras la incorporación a una empresa”, según Tejada.

Todas estas cuestiones se deben plantear necesariamente en la próxima legislatura. La patronal reconoce que ya se aprecian consecuencias en lo económico de seis meses de vacío institucional en el Gobierno central.