Al Gobierno de Andorra se le acaba el tiempo para vender BPA

El plan del Gobierno de Andorra para dar carpetazo a la crisis del caso BPA no avanza según lo previsto. El Ejecutivo de Antoni Martí no encuentra ninguna entidad que esté dispuesta a hacerse con los restos del banco intervenido, ni siquiera con un grupo financiero que quiera de ejercer de corresponsal al migrar los activos sanos de Banca Privada d’Andorra (BPA) y Vall Banc, creado en julio. También le priva de cualquier otra operación con ninguna otra entidad porque, básicamente, no puede operar.

Esta es, teóricamente, la parte más simple del plan de liquidación del grupo financiero intervenido desde marzo de 2015 a raíz de un informe del publicado por el organismo del Tesoro estadounidense que se dedica a vigilar el lavado de dinero internacional, el Fincen. El Gobierno prometió una liquidación ordenada cuando tomó las riendas de BPA, pero el plan cada vez es más complejo. Especialmente desde mediados de febrero, cuando la misma institución de EEUU levantó la acusación de blanqueo de capitales.

Denuncias

Martí sumó en ese momento nuevas denuncias de los antiguos socios mayoritarios de BPA, la familia Cierco, y de clientes y ex trabajadores de la entidad que le reclaman daños y perjuicios por los evidentes fallos de comunicación con EEUU para evitar la alerta internacional (Notice) del Fincen, primero, y la forma en la que se intervino y gestionó después el banco.

Parece ser que el recrudecimiento de la situación judicial ha espantado a los compradores potenciales. El Ejecutivo del Principado confió la venta el pasado octubre a Key Capital Partners, y manifestó que existían 20 grupos interesados en la operación y que era cuestión de "semanas" terminar con la liquidación de la entidad.

Vall Banc, paralizado desde hace ocho meses

Lo más urgente ahora para el Gobierno, que actúa a través de la Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (Areb), es encontrar a alguien que ejerza de corresponsal entre los restos de BPA y Vall Banc, paralizado desde hace más de ocho meses.

Mientras eso no ocurra, a los clientes de la entidad se les mantendrá el límite de extraer 2.500 euros a al semana de sus cuentas. Y eso que más de 95% de ellas han pasado la rigurosa auditoría a la que les ha sometido el gobierno mediante PwC.

Al plan de liquidación público de BPA se le acaba el tiempo.