Los clientes de BPA y Banco Madrid se rebelan contra el Gobierno de Andorra

Los clientes de Banca Privada d'Andorra (BPA) y su filial en España, Banco Madrid, han decidido pasar a la acción un año después de la intervención de la entidad por parte del Gobierno del Principado que propició el concurso de acreedores de la participada. Unidos bajo una plataforma de afectados que agrupa a más de 220 personas, han emprendido medidas legales para reclamar responsabilidades administrativas al Ejecutivo de Antoni Martí por el bloqueo de sus cuentas. 

El bufete Cremades & Calvo-Sotelo lleva el caso. Los denunciantes piden compensaciones por una actuación que consideran injusta y que perjudica sus intereses, ya que desde hace un año sólo pueden retirar 2.500 euros a la semana de sus cuentas. "Denunciamos que el agujero negro lo ha creado el regulador y que se ha intentado eludir la responsabilidad de haber hecho una intervención no justificada", aseveró el abogado Javier Cremades este jueves en un encuentro con la prensa para ofrecer detalles sobre la acción judicial.

El letrado manifestó que primero acudirán a la justicia de Andorra, por lo que deja abierta la puerta a iniciar acciones en otras plazas, y dejó claro que tienen la intención de "ir hasta el final" para que los afectados puedan recuperar el dinero de sus depósitos.

Falta de transparencia de la administración

En la misma línea, la letrada andorrana Anna Soler explicó que la demanda patrimonial se justifica porque entienden que “algo falló” en la forma en la que se intervino la entidad. Recordó que incluso el organismo que se encarga de controlar el blanqueo de capitales internacional del Tesoro Estadounidense, el FinCen, retiró recientemente la Notice en la que apuntaba las presuntas acciones ilícitas de BPA y que el resumen de la auditoría de PwC que publicó la Agència Estatal de Reestructuració d'Entitats Bancàries (AREB) este lunes manifiesta que sólo el 3% de los clientes son sospechosos --una valoración contra la que se han rebelado los accionistas mayoritarios del banco, la familia Cierco--.

Para Soler, BPA "cumplía todos los requisitos legales y los protocolos de todos los reguladores europeos" en el momento en el que fue intervenido. Añadió que la demanda llega en un momento en el que la paciencia de los clientes se ha terminado frente a las promesas incumplidas por parte del gobierno: “De un día para otro hubo la intervención, los perjudicados fueron pacientes en un primer momento, creyeron en la transparencia prometida de la Administración y hemos esperado hasta el último momento para presentar una demanda”.

Incertidumbre

Cremades indicó que no tiene sentido que tras la retirada de la alarma por parte del FinCen el Gobierno andorrano siga bloqueando las cuentas y alegue a un supuesto “blanqueo de dinero” para mantener la situación actual. “Se ha intentado justificar la intervención criminalizando a los clientes, algo muy irresponsable por parte del Ejecutivo, que ha acusado de forma genérica a los clientes del banco de defraudadores”, zanjó.

Unas duras criticas que coincidieron con las de Marta Martínez, abogada andorrana de los afectados. En su intervención, manifestó que de todos los expedientes que ha cuestionado PwC buena parte pasará la dura revisión (se han usado criterios más estrictos que los de la legislación andorrana vigente) si se entregan más documentos que los justifiquen. Por lo que las cuentas presuntamente usadas para blanquear capitales son mucho menores. “¿Este 1% justifica la intervención de una entidad de 29.000 clientes?”, cuestionó la letrada.

Liquidación de Banco Madrid

Todo ello, sin contar que Banco Madrid sigue en proceso de liquidación. José Miguel Soriano, el letrado de Cremades que se encarga del concurso de acreedores, criticó que la tutela judicial de esta entidad se "haya convertido en un proceso concursal al uso" en el que sólo tienen garantías de que recuperarán sus fondos los clientes con más de 100.000 euros en las cuentas.

"Se antoja un procedimiento largo", concluyó al ser preguntado sobre el calendario concursal. Soriano criticó, de forma velada, a organismos como el Banco de España y el Instituto Nacional de Administración Pública de Andorra (INAP) por no haber ejercitado sus competencias “de forma mesurada y con sujeción a los principios de legalidad a los que se debe someter la administración”.

Más de 360 millones euros

Los demandantes que se agrupan en la plataforma representan a los dueños de 366 millones de euros que están congelados en BPA y Banco Madrid con afectados de varias nacionalidades, sin especificarlas. Sus representantes legales aseguran que se trata de la mayor demanda contra el Gobierno de Andorra hasta la fecha que se sumaran a las acciones legales que la familia Cierco ha emprendido en Andorra, España y Estados Unidos para exigir que se les devuelva el control de la entidad y reclamar los daños y perjuicios consecuentes.

Martínez aseguró que el proceso está abierto para que se unan "todos los afectados, no sólo de Europa". La demanda colectiva es un nuevo dolor de cabeza para el Ejecutivo de Antoni Martí.