Foment acusa al Govern de vulnerar sus derechos y lo lleva a los tribunales

La gran patronal catalana ha dado el paso: llevará al Gobierno de Artur Mas ante los tribunales por su intento de cambiar la fuerza de las organizaciones empresariales en Cataluña. Tal y como avanzó Crónica Global, Foment del Treball iniciará una batalla legal para dejar sin efecto el decreto de la consejería de Empresa que marca los requisitos que deben cumplir las patronales para conseguir representatividad institucional.

El departamento encabezado por Felip Puig aprobó a dos semanas de las elecciones que las organizaciones deben acreditar el número de empresas que tienen afiliadas, lo que favorece a las asociaciones de afiliación directa frente a las confederaciones o cúpulas patronales como Foment del Treball.

Es decir, que dejará sin la principal fortaleza que tiene la patronal que se ha mostrado más crítica con el procés independentista liderado por Mas a favor de organizaciones más proclives a su discurso.

Ruptura del diálogo social

La junta directiva de Foment del Treball aprobó en su reunión del lunes tomar todas las medidas que sean necesarias para revertir “un acto de ruptura del diálogo social”, según un comunicado de este martes. La organización entiende que el “departamento catalán aprisiona el diálogo en actuaciones burocráticas y sentencias de los tribunales”.

Asimismo, manifiesta que “no hay precedentes de una regulación tan ambiciosa, que afecta a los derechos constitucionales y estatutarios de las patronales, que no se haya tomado previo diálogo y acuerdo”. Mas aprobó el decreto en tiempo de descuento de la legislatura y sin contar con el punto de vista de los afectados. Al menos, de la mayoría de ellos.

Inseguridad jurídica

Foment incide en que incluso los expertos económicos de la Generalitat, el CTESC, habían dejado claro previamente al Gobierno catalán que antes de aprobar el decreto debía buscar el “consenso por parte de las organizaciones empresariales”, según el dictamen 15/2015 de la institución.

La gran patronal señala que la norma genera “una inseguridad jurídica grave que afecta negativamente a los derechos de representación de las organizaciones empresariales de Cataluña” y que por ello debe acudir a los tribunales.