Clientes y trabajadores de BPA proponen que un banco cooperativo continúe con la actividad de la entidad intervenida

Al Gobierno de Andorra, liderado por Antoni Martí, se le complica aún más la liquidación de la entidad que intervino el pasado marzo, Banca Privada d’Andorra (BPA). Al anuncio de que varios colectivos de emprender demandas contra la firma que realiza desde hace meses la auditoría de los activos de la entidad, PriceWaterhouseCoopers (PwC), se le suma el de un grupo de clientes y trabajadores que ha impulsado la creación de un banco cooperativo para tomar el testigo de BPA y reestructurarlo.

Al frente de esta iniciativa se encuentra uno de los nombres más respetados en el Principado, el del economista y ex consejero general del país, Eusebi Nomen. Colaborador académico de Esade, en su currículo consta haber sido socio y gerente del Estudio Mariscal (el responsable de la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, actualmente en concurso de acreedores), ha creado el sistema de propiedad intelectual e industrial andorrano y es el impulsor del mismo en la Federación Rusa, entre otros.

Beneficio a terceros

Nomen asegura a los medios del Principado que la entidad cooperativista, inspirada en la banca cívica suiza y austríaca, es la única opción factible para minimizar los efectos sobre la plantilla y los accionistas de la intervención de BPA. Asimismo, denuncia que en los pasos que ha dado hasta la fecha la Agencia estatal para la Resolución de Entidades Bancarias (AREB), que tutela el banco intervenido, existe una clara voluntad de beneficiar a terceros. Eso sí, no indica quién saca tajada con la operación.

El economista manifiesta que en la opción de crear un banco puente --Vall Banc, ya constituido-- el coste de la operación se dispara y se pierde el valor de los activos que aún controla BPA.

Acciones sin opacidad

Los impulsores del banco cooperativo temen que la AREB mueva los activos de BPA a Vall Banc o decida amortizar las acciones preferentes de la entidad intervenida de forma opaca. Exigen al Gobierno del Principado que explique abiertamente cuántos clientes han superado las auditorías que están en curso y cuáles no (un proceso que ha sido cuestionado por accionistas, trabajadores y clientes afectados) y que cifre la minusvalía que aplicará para el traspaso.

Nomen señala que los clientes pueden perder entre 24 y 255 millones de euros en el proceso en función de los criterios que aplique la AREB. A ello, se le deben sumar el impacto negativo de 140 millones que propicia la liquidación del principal activo de BPA: su filial en España, Banco Madrid. Los actuares gestores andorranos de la entidad se han opuesto al proceso abierto en la Península.

Mantener a la plantilla

El banco cooperativo también saca pecho de que su puesta en marcha garantiza la continuidad de toda la plantilla. Esto contrasta con el plan actual de la AREB, que pasa por despedir al 90% de los trabajadores antes de migrar activos a Vall Banc.

Los impulsores de la alternativa indican que sólo se plantearía un cambio de perfil de la entidad y su reestructuración. Al no tener que mover activos tampoco se debería tocar a los trabajadores, que se centrarían en la mayor atención personalizada que requiere una entidad con este perfil.

Legislación andorrana

El principal escollo del plan es la legislación andorrana vigente. Las leyes prohíben que una cooperativa gestione un banco. Por ello, proponen que la cooperativa controle las acciones de otra sociedad que sí pueda operar abiertamente en el sector.

El proyecto financiero representado por Nomen ha registrado la denominación Raiffeisen.ad en la oficina de marcas del Principado para crear la cooperativa sin demora.