Colau exige recursos al Govern para gestionar el turismo de Barcelona

El equipo de gobierno municipal de Barcelona ha emprendido, en sus primeras semanas de mandato, una batería de medidas para empezar a "revertir" lo que considera un "desgobierno del turismo" en la capital catalana, según han reiterado fuentes del ayuntamiento.

La moratoria hotelera, las medidas para convertir apartamentos turísticos irregulares en viviendas sociales o la propuesta para gestionar la retribución total de la tasa turística son algunos ejemplos de las políticas que el nuevo equipo ha establecido. Esta última, la tasa turística, ha sido la propuesta municipal que junto a la moratoria más polémica ha suscitado por el enfrentamiento que genera con el Govern. 

Felip Puig se niega en redondo

El consejero de Empresa, Felip Puig, ha considerado que "hoy por hoy" no hay margen de negociación para atender la petición, y ha fijado cualquier hipotésis de acuerdo para después de las elecciones autonómicas del 27 de septiembre, y en función del nuevo Ejecutivo que salga de las urnas.

En la misma línea, la reunión que mantuvieron la alcaldesa Ada Colau y el presidente de la Generalitat, Artur Mas, tampoco sirvió para avanzar en la cuestión. Más bien todo lo contrario. Las acusaciones desde la fecha han sido mutuas.

Modelo sostenible vs promoción turística

El objetivo del consitorio es "construir un modelo de turismo sostenible" que contribuya a "la mejora de la calidad de vida de los barceloneses, y no a reducir la calidad de vida", explican desde el ayuntamiento. Desde su punto de vista, hay una "falta de voluntad" del Govern para "colaborar" en este cambio.

Y es que la ley aprobada por CiU en diciembre de 2011 estableció que los fondos de dicha tasa sólo se pueden destinar a cuatro epígrafes. Estos son: la promoción turística; el impulso del turismo sostenible, responsable y de calidad y protección, preservación, recuperación y mejora de los recursos turísticos; el fomento, creación y mejora de los productos turísticos; y el desarrollo de infraestructuras relacionadas con el turismo.

Sin embargo, la ley estipula que únicamente la parte que pueden gestionar los entes locales es la relativa a la "promoción turística". Una restricción que limita mucho las ambiciones municipales, que pretenden "neutralizar los efectos del turismo" y desplegar una política pública que compense las externalidades de la actividad y ponga el foco en "mejorar la calidad de vida ciudadana".

CDC se "escuda" en la ley

La consejería de Empresa ha explicado que "qualquier modificación" de la ley o de la retribución de la tasa "requiere un cambio normativo", más allá de la voluntad política. El equipo de Colau ha valorado estas afirmaciones como un intento de escudarse tras la legalidad: "Se escudan en la ley, pero es ideología".

El consistorio también ha replicado a las afirmaciones del consejero de Empresa: "Puig expone de forma explícita lo que hemos constatado que fueron las prioridades de CDC cuando gobernó Barcelona: preocuparse sólo de promocionar las infraestructuras turísticas sin tener en cuenta los efectos negativos de su explotación sin freno".

Desde la entrada en vigor del impuesto, el 1 de noviembre de 2012 y hasta diciembre de 2014, el Ayuntamiento de Barcelona ha recibido un total de 3.995.369,23 euros, un 33,77% del total recaudado en Barcelona. Una cifra que la Generalitat explica que es superior a la que reciben los otros consistorios por la misma tasa, pero que, a juicio del equipo de Colau, es insuficiente para llevar a cabo el cambio de modelo que preteden.