Motín de altos cargos del Govern ante el referéndum unilateral

Un temblor que podría convertirse en un terremoto. Altos cargos de la Generalitat han expresado su inquietud ante la convocatoria de un referéndum, que ya solo puede ser unilateral, y amagan con negarse a acatar cualquier orden que tenga que ver con esta votación, cuya fecha y pregunta será anunciada este viernes por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, junto al vicepresidente, Oriol Junqueras.

“El motín es incipiente, pero ya hay inquietud”, explican a Crónica Global fuentes gubernamentales. Este malestar se concentra de momento en el Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, dirigido por Meritxell Borràs, sobre quien pesa ya una querella de la fiscalía por haber ordenado la compra de urnas para el referéndum.

Borràs está dispuesta a llegar hasta el final en este proceso, “incluso a asumir responsabilidades penales”, explican fuentes de su entorno. Pero, al parecer, no todos los altos cargos de su consejería están de acuerdo con esa inmolación.

Protocolo de actuación

El Govern insiste en garantizar la seguridad de los funcionarios y se compromete a no ponerles en una situación de ilegalidad. Por su parte, los empleados públicos se blindan ante posibles presiones dotándose de un protocolo de actuación que contempla una serie de actuaciones: desde la petición de órdenes por escrito hasta cursar las correspondientes denuncias ante la policía, la fiscalía u órganos judiciales.

Todo ello ha provocado que el foco esté ahora en los cargos de confianza. Según ha podido saber este medio, hay directivos que se han planteado abandonar la consejería alegando cuestiones personales. Otros valoran hacerlo si el procés les coloca en una situación arriesgada.

Según los juristas consultados, el decreto 2/2016 de 13 de enero (de creación, denominación y determinación del ámbito de competencia de los departamentos de la Administración de la Generalitat) establece que la responsabilidad de los procesos electorales compete al presidente de la Generalitat y al consejero de Gobernación. Ambos pertenecen actualmente al PDeCAT. El anuncio previsto para este viernes no irá acompañado de la firma del decreto de convocatoria, ya que la ley de transitoriedad —conocida como ley de desconexión— contiene la regulación del referéndum, pero todavía no está aprobada.

La firma conjunta

Una firma colegiada de todos los consejeros tendría una carga simbólica, pero no penal, ya que se impondría el principio jurídico de intervención mínima.

Pero todo apunta a que, en las próximas jornadas, todos los departamentos asumirán acciones encaminadas a celebrar la votación. Así lo estipula un acuerdo del Govern aprobado el pasado 21 de marzo, en el que se ordena “el inicio inmediato de las actuaciones administrativas necesarias para la racionalización del gasto público en los procesos electorales, consultas populares y procesos de participación ciudadana”. En el documento no aparece la palabra referéndum, cuya organización fue encomendada por Puigdemont a Junqueras y al consejero de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia, Raül Romeva.

Dos ofertas

De momento, se han producido avances en la compra de las urnas. La Generalitat inició ayer, 7 de junio, el proceso de homologación de las empresas que se presentaron al concurso para fabricar esos recipientes. La mesa de la contratación de la Generalitat —formada por Intervención, Asesoría Jurídica, el secretario general y los tres secretarios sectoriales— se reunió para abrir los sobres con la oferta económica que han presentado las dos empresas que participan en el proceso de homologación.

La empresa Plastic Express ha presentado una oferta de precio unitario de 20,47 euros más IVA por urna, mientras que el sobre de la UTE Espai World y Suministros Integrales Futbida contenía una oferta unitaria de 19 euros más IVA.