Solo 150 funcionarios han pedido asesoramiento ante las amenazas del ‘procés’

Solo 150 funcionarios catalanes han pedido información en los últimos 18 meses sobre cómo evitar que sus superiores les obliguen a cometer ilegalidades relacionadas con el proceso independentista. Pese a esas consultas, de momento no ha sido necesario activar el protocolo de defensa que, en noviembre de 2015, puso en marcha la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) –mayoritaria en la Administración--.

Este protocolo contempla una serie de actuaciones que van desde la petición de esas órdenes por escrito hasta cursar las correspondientes denuncias ante la policía, la fiscalía u órganos judiciales.

No obstante, las polémicas declaraciones del diputado de Junts pel Sí Lluís Llach, quien ha advertido de que los empleados públicos que no acaten las leyes independentistas serán sancionados, hacen prever que ese tipo de consultas se incrementen.

Sin activación

Joan Escanilla, presidente de CSIF en Cataluña, ha explicado a Crónica Global que, desde noviembre de 2015, solo 150 funcionarios han pedido información al respecto, “pero afortunadamente no se ha tenido que activar”. No obstante, Escanilla prevé que, a partir de las palabras de Lluís Llach y de la aprobación de la ley de desconexión en el Parlamento catalán –previsiblemente en junio--, “tendremos más peticiones de consulta”.

CSIF estudia presentar una querella contra Llach porque “las amenazas están tipificadas como delito en el Código Penal”. Critica la alarma social que el cantautor ha creado con sus declaraciones y ha subrayado “la imparcialidad de un colectivo que, pese a sufrir recortes y presiones, ha demostrado su profesionalidad”.

La tibieza de Munté

El dirigente de CSIF califica de “impresentable” la tibieza con la que la consejera de Presidencia, Neus Munté, ha abordado el asunto, pues ha recordado que “tiene un pasado sindicalista, por lo que debería posicionarse al lado de los funcionarios”. Hasta ahora, ha dicho, “sus mensajes habían sido de tranquilidad hacia el colectivo de empleados públicos”.

El Parlamento catalán dará luz verde hoy, solo con los votos de Junts pel Sí y la CUP y el rechazo de toda la oposición --PSC, CSQP, PPC y Ciudadanos--, a tramitar la reforma del reglamento de la cámara catalana que permitirá aprobar la ley de transitoriedad por la vía de urgencia, es decir, sin debate parlamentario y reduciendo la capacidad de reacción de las instituciones del Estado, que, no obstante, impugnarán sin duda el tránsito de las leyes españolas a las catalanas.